1. El gobierno de facto de Calderón está fracasando en su intento de abrir una vía amplia para la privatización de la industria petrolera del país, no sólo porque menospreció la capacidad de respuesta del pueblo mexicano sino porque desconoció el significado y los alcances de un artículo de nuestra Carta Magna que sustenta los derechos fundamentales de la nación en contra de las pretensiones del capital trasnacional: el artículo 27.

2. El artículo 27 no fue el resultado, como muchos suponen, de una reflexión teórica o de una imposición ideológica, sino un producto de la historia mexicana. La comisión que redactó en 1916 este texto fundacional del México moderno, reuniéndose primero en la capilla del obispado de Querétaro y más tarde en casa del constituyente Pastor Rouaix, así lo reconoció. Rouaix refiere que luego de que el abogado Andrés Molina Enríquez decepcionara a la comisión con argumentos jurídicos, los redactores del artículo se volvieron a las tesis expresadas durante el movimiento revolucionario y a los reclamos de un pueblo que había expresado su voluntad de edificar un país que en ejercicio de su soberanía determinara las características de la propiedad, y eso molestó mucho a los intereses extranjeros.

3. La historia de la vigorosa defensa que hicieron los gobiernos mexicanos de los recursos estratégicos de la nación en los años 20 y 30 del siglo pasado, hasta culminar en la expropiación petrolera de 1938 decretada por el presidente Lázaro Cárdenas, que estuvo sustentada en los principios del artículo 27 constitucional del dominio soberano de la nación sobre la propiedad originaria y la función social de la propiedad, muestra el encono que se fue desarrollando en los círculos de poder estadunidenses contra la Constitución mexicana de 1917, y en particular contra ese artículo.

4. El modelo capitalista neoliberal que se fue imponiendo en el mundo durante los dos gobiernos de Ronald Reagan (1981-1989), con el objetivo de hacer prevalecer los privilegios de las corporaciones trasnacionales por sobre los derechos de los pueblos, sostuvo abiertamente décadas después que no debería haber principios jurídicos nacionales que se opusieran a las pretensiones de las corporaciones de adueñarse del subsuelo y de los recursos estratégicos del planeta, y tuvo en consecuencia como objetivo el desmantelamiento de las constituciones de varios países latinoamericanos, y desde luego la de México, que desde 1917 postulaba exactamente lo contrario a lo que proponían los think tanks del Pentágono.

5. Los gobiernos neoliberales de De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón han tenido que enfrentar desde entonces un dilema. Entendieron claramente que la Constitución de 1917, a la que tanto han detestado, no es la elaboración de un grupo de abogados sino el producto de un proceso histórico, y que el artículo 27 contiene principios fundamentales que son intocables. Al no atreverse a tocarlos, sabedores de que de hacerlo quebrantarían por completo “el acuerdo en lo fundamental” que sustenta, al menos en la forma, la destruida institucionalidad del país, llevándolo a una situación de guerra civil, prefirieron darle vuelta y han tratado de trasgredirlo, a) expidiendo una legislación secundaria violatoria de la Constitución, sobre la que han edificado una industria energética privada que se sitúa en la ilegalidad, y b) violándolo abiertamente por decisiones de hecho –que no de derecho– entregando concesiones y contratos sin fundamento jurídico alguno, a sabiendas de que el capital trasnacional se está adueñando de los recursos de México en la más absoluta ilegalidad.

6. El artículo 27 tuvo vigencia durante el siglo XX en lo relativo al dominio directo de los bienes de la nación por la existencia de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, respondiendo la intervención del Estado a sus atribuciones, y en consecuencia al no hacer los gobernantes neoliberales ejercicio de sus facultades en la materia, e ir entregando áreas significativas de la industria energética a las multinacionales, haciendo ellos mismos enormes negocios, incurrieron en graves delitos contra la nación, aunque quizás ninguno de manera tan cínica como Calderón.

7. El proyecto de contrarreforma energética, elaborado en los despachos petroleros de Houston, y que Calderón presentó como suyo al Senado, generando un enorme conflicto, se centró por ello en un objetivo que es el desconocer en un marco legal secundario la existencia del artículo 27 y de sus principios centrales, a fin de acelerar el desmantelamiento del Estado mexicano, cuyos fundamentos jurídicos e históricos han constituido hasta ahora un obstáculo infranqueable para el capital trasnacional.

8. El gobierno de facto, al presentar como suya esta propuesta de contrarreforma no está haciendo más que agravar la crisis que se manifiesta no sólo con el descontento popular y el éxodo de cientos de miles de mexicanos a Estados Unidos, o con el papel deplorable de las fuerzas armadas combatiendo en las calles a sus propios desertores pasados a las filas del narco, sino con el patético espectáculo de las elites políticas, evidenciado tanto por Calderón, quien ahora responsabiliza a sus antecesores de haber generado una situación desastrosa en Pemex, como por Carlos Salinas de Gortari, quien culpa a Zedillo y a Fox en su libro La década perdida. 1995-2006 (2008) del desastre, por haber aplicado el delirante –y ahora fracasado– proyecto neoliberal del cual él busca como un orate deslindarse.

9. El hecho gravísimo denunciado en diversas publicaciones de que el gobierno de Mouriño y Calderón está ya entregando nuevas concesiones y contratos a diversas trasnacionales, en contra de lo establecido por la Constitución, y de que material y equipamiento de la Repsol y de la Exxon está llegando a México sin haberse siquiera discutido las propuestas de cambios legales oficiales, indica la gravedad de la situación, pues se está construyendo en México una industria energética extranjera paralela, en un marco de absoluta ilegalidad.

10. La solución a esta situación es por todo ello muy clara y pasa por aceptar que el futuro energético del país no puede decidirse sin consultar al pueblo, en quien reside la soberanía nacional.

Decíamos que los contratos podrían ser asignados el próximo 15 de mayo, a pesar de que Blue Marine es investigada por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, respecto de una supuesta red de corrupción y tráfico de influencias establecida entre altos funcionarios y exdirectivos de Pemex –como el exdirector corporativo de Finanzas, Juan José Suárez Coppel– y Antonio Juan Marcos Issa, presidente de la empresa y exasesor del director general en Pemex.

Más aún, como lo ha documentado esta columna, el vínculo entre el ahora empresario y los servidores públicos data del sexenio de Ernesto Zedillo y continúa en la gestión de Vicente Fox: Juan Marcos Issa se desempeñó como coordinador de asesores de los exdirectores generales de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos. De acuerdo con información de la paraestatal, la percepción mensual del exfuncionario ascendía a 172 mil 226 pesos al mes.

Por su parte, F Tapias presentó propuestas de dos buquetanques, cuyo costo total será de aproximadamente 1,870 millones de pesos. El 50 por ciento de ésta es propiedad de Fernando Fernández Tapias, empresario de Vigo, España, y el otro 50 del grupo naviero Teekay Shipping.

A inicios de julio del año pasado, el ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se reunió con navieros de Vigo –de donde es originario su padre Carlos Mouriño Atanez– para ofrecerles millonarios negocios. En su edición del 18 de julio de 2007, el diario La Voz de Galicia cita: “El hijo del actual presidente del Celta, Carlos Mouriño, contactó la pasada semana en Vigo con empresarios del sector para valorar el inicio de negociaciones a corto plazo. Aunque el proyecto se ciñe, de momento, a una declaración de intenciones, el ejecutivo de Calderón prepara una visita oficial a México del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y de empresarios gallegos, antes de final de año”.

Agrega que “Mouriño Terrazo declaró que su gobierno está ‘muy interesado’ en el establecimiento de acuerdos con el sector naval gallego, situado entre los mejores del mundo. ‘Queremos encargar nuestros barcos en Galicia, pero también que inversores gallegos puedan entrar en México para ayudarnos a desarrollar este sector’, dijo tras reconocer que la construcción naval ha sido ‘maltratada’ en su país los últimos seis años”.

Ahora, F. Tapias podría agenciarse dos de los cinco contratos que involucran en total alrededor de 4 mil 675 millones de pesos. Esto, pese a que el concurso, que concluirá el próximo 15 de mayo, ha sido muy cuestionado. Como lo ha informado esta columna, empresarios que vieron frustrada su participación, denunciaron a principios de año que la paraestatal incumplió con las reuniones de transparencia, previas al lanzamiento de la convocatoria.

El negocio de los buques

Motivados algunos interesados por el seguimiento que esta columna ha hecho sobre este escandaloso e irregular proceso de renta de buques tanques en Pemex Refinación, sin que hasta ahora alguna autoridad haga algo al respecto, el pasado 30 de abril recibí un correo electrónico con información referente a la controvertida licitación pública internacional 18576018–022–07, operada por las administraciones de Jesús Reyes Heroles, en Petróleos Mexicanos, y José Antonio Ceballos Soberanis, en Refinación, cuyos finalistas son Blue Marine y F Tapias México.

De resultar ciertos esos datos, el negocio implicará mucho más dinero de lo que se había alertado. Y es que los precios por buque superan los 935 millones de pesos (85 millones de dólares), con lo que la cifra se eleva a 5 mil 294 millones 775 mil 90 pesos en total.

Navieros consultados indican que en el mercado internacional un barco con las características que requiere Pemex se cotiza entre 50 y 55 millones de dólares; esto es que, de ganar la licitación, Blue Marine y F Tapias tendrían ganancias de hasta 44 millones de dólares, equivalentes a 484 millones de pesos.

Como lo hemos informado, el proceso ha sido cuestionado por empresarios que quedaron fuera de la competencia y por la propia Fundación Heberto Castillo, que renunció a ser testigo social y avalar las irregularidades y la falta de transparencia del concurso.

Aunque en un principio los inversionistas afectados denunciaron que los cambios en la licitación beneficiarían sobre todo a Blue Marine y a TMM, sólo la primera podría quedarse con el millonario negocio. Además de ésta, apareció por primera vez la naviera F Tapias, que tiene entre sus socios al español, nacido en Vigo, Fernando Fernández Tapia.

La primera ha sido vinculada –por varios medios de comunicación e incluso por legisladores– a los hijos de Marta Sahagún. Sus tres barcos, ya construidos, costarían al erario 3 mil 107 millones 279 mil 142 pesos; mientras que los dos de F Tapias implicarían una inversión de 2 mil 187 millones 495 mil 948 pesos.

El correo electrónico que proporcionó los datos está firmado por un supuesto Juan Reynoso (j.reynoso@live.com.mx) y dice: “Blue Marine somos socios de Luis Ramírez Corzo, por lo que somos intocables y cerraremos más contratos millonarios con Pemex. Así que deja de mandar tus artículos antes de que desaparezcas: ya eliminamos a TMM y los borramos de la licitación”.

Además, incluye la siguiente tabla titulada Pemex. Resultados de la licitación internacional 18576018–022–07

Bidder (licitador) Amount in USD (monto) Monto en pesos* Vessel (buque)

Blue Marine Shipping 85,807,751 943,885,261 African Future

Blue Marine Shipping 98,399,670 1,082,396,370 Wabash

Blue Marine Shipping 98,272,501 1,080,997,511 Thames

F Tapias México 99,431,634 1,093,747,974 Hull S–1017

F Tapias México 99,431,634 1,093,747,974 Hull S–1018

*Conversiones aportadas por esta columna, con un tipo de cambio de 11 pesos por dólar.

Una historia de corrupción sin resolver

Se trata de un caso más de corrupción panista: en los últimos tres años (2005–2007) han permitido a la empresa Arrendadora Ocean Mexicana, propiedad de Antonio Juan Marcos Issa, asesor de dos exdirectores generales de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos, ganar contratos petroleros por más de 2 mil 300 millones de pesos, sin importar que tuviera investigaciones abiertas por corrupción en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según fuentes cercanas a la Secretaría de la Función Pública se trata de una red de corrupción y tráfico de influencias establecida entre servidores públicos de Pemex con exfuncionarios petroleros, y uno de los investigados, pero que nadie se atreve a sancionar, es el exdirector corporativo de Finanzas, Juan José Suárez Copel, hombre de todas las confianzas de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox, y Antonio Juan Marcos Issa, presidente de Blue Marine Technology Group, del cual depende Arrendadora Ocean Mexicana y la empresa Subtec, ambas vinculadas en negocios con otra empresa acusada e investigada también por actos de corrupción e irregularidades: Oceanografía, propiedad de Amado Yánez Osuna, quien entre otros procesos tiene uno penal por una deuda fiscal de 8 millones de pesos.

El vínculo entre Marcos Issa con directivos de Pemex viene desde el sexenio del priista Ernesto Zedillo y continúa en la gestión del panista Vicente Fox, cuando se desempeñó como coordinador de asesores de tres exdirectores generales de Pemex. De acuerdo con información de la paraestatal, obtenida por la reportera Nancy Flores, la percepción mensual de ese exfuncionario ascendía a 172 mil 226 pesos al mes, pero con la llegada de Felipe Calderón a Los Pinos, Marcos Issa intentó negociar seguir en el cargo con el nuevo director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, pero desde la Presidencia de la República salió la orden para impedirlo, aunque a su empresa Arrendadora Ocean le siguen otorgando contratos y en el último año Pemex Refinación le asignó uno por adjudicación directa por un total de 318 millones 941 mil 131 pesos.

El motivo de la asignación de esos contratos, dicen algunos trabajadores petroleros, es la buena relación que tiene Marcos Issa con el director de Pemex Refinación, Antonio Ceballos Soberanias, pues en dos años a las filiales del grupo Blue Marine le han adjudicado 2 mil 394 millones 971 mil pesos en contratos petroleros: mientras que Arrendadora Ocean ha signado 12 convenios con Pemex Refinación, que suman mil 874 millones 52 mil pesos; Subtec ha obtenido tres contratos en Pemex Exploración y Producción por 520 millones 919 mil pesos.

Nuevos convenios

De acuerdo con una investigación periodística dada a conocer en la revista Contralínea, el 28 de junio pasado Pemex Refinación adjudicó sin licitar el contrato 4600011955 a Arrendadora Ocean para la contratación de un buque tanque, por un monto de 53 millones 482 mil 729 pesos, según se confirma en el portal de transparencia de la empresa petrolera, pero dicho monto difiere del reportado en Compranet, sistema electrónico de contrataciones gubernamentales que depende de la SFP , donde la misma adjudicación directa se registra por sólo 4 millones 955 mil 500 pesos.

En septiembre, Pemex Refinación declaró a Arrendadora Ocean Mexicana como la ganadora de la licitación nacional 18575107–045–07, que según Compranet asciende a 265 millones 458 mil 402 pesos para el transporte marítimo, pero este nuevo convenio aún no se registra en el portal de obligaciones de transparencia de la subsidiaria.

La red de corrupción y algunos incumplimientos de contratos no son las únicas líneas de investigación que siguen la ASF y la SFP. También está bajo escrutinio las compañías AOM, Subtec, Ocean Mexicana y Blue Marine –propiedad de Juan Marcos Issa y su yerno Juan Reynoso Durand– por la supuesta relación de éstas con los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, quienes también gestionaron contratos a favor de Oceanografía.

Esta última empresa, propiedad de Amado Yáñez Osuna, y el consorcio encabezado por Juan Marcos Issa han sido socios en negocios con Pemex, así lo revela el juicio mercantil 709/2004, interpuesto el 26 de agosto de 2004 por Oceanografía en contra de Subtec, a la que le exigía el pago de 7 millones 653 mil 563 dólares. A decir de Oceanografía, dicho monto se derivaba de la contraprestación generada por su participación en el contrato 418813817, signado en sociedad con Fondex Explorations y Subtec. Esta última empresa, encargada de la administración de ese convenio, es señalada como responsable de quedarse con el dinero.

De acuerdo con una indagatoria identificada con el folio JGD56X781 –atribuida por distintos medios de comunicación a la SFP y de la que se tiene copia–, Arrendadora Ocean Mexicana se constituyó el 21 de agosto de 2001, con un capital de 50 mil pesos, cuando Juan Marcos Issa aún era titular de la Coordinación de Asesores de la Dirección General de Petróleos Mexicanos. La estructura accionaria de AOM, según el documento, se compone de la siguiente manera: Blue Marine Technology, S.A. de C.V., 49 mil 996 acciones; Antonio Juan Marcos Issa, dos; Juan Reynoso Durand, una; Alfredo Reynoso Durand, una.

oficiodepapel@contralinea.com.mx
oficiodepapel@yahoo.com.mx

(Columna "Oficio de Papel", Revista Contralínea)

Y es que, inexplicablemente, las autoridades universitarias decidieron clasificar como “confidencial” el expediente académico del exjefe de la Oficina de la Presidencia.

Lo más que se sabe es que Mouriño curso la maestría de 1998 a 2000, cuando fungía como dirigente estatal del PAN y que la maestría que presume en su currículo la obtuvo siete años después, en 2007, ya como jefe de la Oficina de la Presidencia.

Personal académico de la UAC consultada por esta reportera, comenta que durante el periodo que Mouriño cursó la maestría fue cuando más vigilada estuvo la universidad. Aunque la vigilancia en torno de su persona data de 1995, luego de que fue víctima de un secuestro.

No obstante, nadie en la universidad campechana sabe, a ciencia cierta, cómo, con qué trabajo y quiénes fueron los sinodales del actual secretario de Gobernación para obtener el grado de maestro en Administración, con especialización en Finanzas.

Ni siquiera la directora de la Facultad de Contaduría, Rosalinda Echavarría Sánchez. En entrevista con la agencia Apro, la académica asegura que Mouriño Terrazo cursó la maestría en Administración de 1998 a 2000; que el examen de titulación lo presentó apenas el semestre pasado, y que eligió la elaboración de una tesina como opción para obtener la maestría en Administración, con especialización en Finanzas.

Sin embargo, en la biblioteca central de la UAC no hay rastros de dicha tesina.

Echavarría Sánchez explica que la normatividad escolar no fija ningún plazo para titularse en posgrado y reitera que Mouriño eligió la tesina como opción para titularse. Esta vía es el procedimiento más rápido para obtener el título.

Al preguntarle sobre el tema de la tesina que presentó Mouriño, la directora de la Facultad de Contaduría de la UAC responde, esquiva: “Él estudió una maestría con formación en Finanzas, luego su tema de tesis tenía que versar sobre lo que estudió, independientemente de la vida profesional, tiene que versar lo que estudió, no tuvo nada que ver con el actual empleo en el que está”.

--¿Pero cuál fue el tema?, insiste la reportera.

La catedrática universitaria responde: “No recuerdo el tema. Debe estar… yo mando todos los ejemplares a la Biblioteca Central y ahí ya es acceso público. La verdad, yo insisto mucho, hay ciertas informaciones que ya con la Ley de Transparencia no nos permiten proporcionar, no es porque se trate precisamente de él, para mí, él aquí es un estudiante más y así siempre se ha manejado, no hay concesiones absolutamente para nadie".

Subraya, así mismo, que aparte de la tesina, Mouriño presentó un examen oral.

--Entonces, ¿se puede saber la fecha de titulación?

--Ese dato, la verdad… no tengo un dato exacto de la fecha en que se tituló.

--Sus sinodales, ¿quiénes fueron?

--Pues…. Ja, ja, ja…

--¿Su asesor de tesis? --se le pregunta.

Rosalinda Echavarría niega con la cabeza.

--¿El coordinador de posgrado?

--Él no da información si yo no autorizo. No es cuestión de triangular, es cuestión de respeto a la información personal.

--¿Aprobó por unanimidad?

--¡Tiene el título! Eso es un dato confidencial que no puedo dar, ni de él ni de nadie. Ni por la Ley de Transparencia, la normatividad marca que el voto es secreto.

--¿Fue un alumno brillante? --se le inquiere a la directora de la Facultad.

--Esos son datos que… creo que… todos los alumnos que estudian con nosotros desde que concluyen es que son brillantes, pero de manera general --responde titubeante.

--¿Destacado? --se le insiste.

--Sí era un alumno destacado --acepta, pero se resiste a divulgar la calificación del secretario de Gobernación.

--¿Más que el promedio?

--Para nosotros fue un alumno más --ataja. Y embiste impaciente: “Sí, sí fue un alumno destacado; sí, sí tuvo un excelente promedio; pero no nada más él estuvo en esta generación, y nosotros, como Facultad, como institución, vemos alumnos, su función académica aquí, aquí lo que buscamos son alumnos, independientemente a nivel licenciatura o a nivel posgrado, que sean comprometidos con la institución educativa. Y a cualquiera, al gobernador, el presidente, el que sea que venga a estudiar aquí, la exigencia es la misma”.

--¿Él sí era comprometido?

--Sí, como cualquier alumno. Sí, sí era comprometido, realmente sí. Pero nosotros como institución educativa, repito, sí somos muy exigentes. Eso lo puedo garantizar y como institución estamos acreditados en un programa de licenciatura, hemos logrado primeros lugares en Ceneval, por la exigencia que se tiene.

Argumentó que no puede revelar el promedio con el que se tituló el actual secretario de Gobernación porque “esos datos ya son muy personales” y como institución educativa no puede proporcionar, porque hay una ley que le impide hacerlo.

--Paradójicamente la ley que aduce es la Ley de Transparencia y Acceso a la información.

--Allá se señala lo solicitado como dato personal. Y no es porque sea él, ¿eh? De ningún alumno en general y alguien externo a él me venga a pedir información, no la damos.

--¿Se puede conocer su récord de asistencia?

--Aquí los alumnos deben cubrir 90% de asistencia para que puedan acreditar y concluir sus estudios. Insisto, él como cualquier otro alumno fue tratado de la misma manera.

Atendiendo a la sugerencia de Echavarría Sánchez se buscó la supuesta tesina en la Biblioteca Central de la UAC, pero en los registros bibliotecarios no apareció ningún autor de apellido Mouriño.

La reportera solicitó, entonces, la información a través de la Unidad de Enlace de la UAC., pero ésta fue denegada.

La respuesta al folio 71, con el que se marcó la solicitud, fue que “con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo establecido en los artículos 4 Fracción IX, 27 y 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Campeche, no es posible otorgarle la información que requiere en razón de estar clasificada como confidencial de conformidad con los preceptos antes invocados.

“En razón de lo anterior, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Transparencia, es pertinente señalar que la información solicitada encuadra en la hipótesis de excepción prevista en el artículo 27 de dicha ley, máxime que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la vida privada como límite a la intromisión del Estado en el ámbito de la persona al establecer en su artículo 16 que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…

“En razón a lo anterior, es claro que el Estado Mexicano ha consolidado el respeto a los datos personales y a su vez ha claramente delimitado en dicho precepto que los datos personales se encuentran dentro de la esfera de la vida privada de una persona y que cualquier contravención a ello debe ser considerado como actos autoritarios carentes de la legalidad que caracteriza a las acciones de los entes y dependencias del Poder Público.

“Por tal motivo, como se señala en líneas previas al consolidarse el derecho a la vida privada como garantía individual de primera generación, que únicamente pueden ser suspendidas en los casos y condiciones que la propia Constitución precisa, al no actualizarse ninguno de dichos supuestos, es de resolverse que no es posible acceder su solicitud.”

(Agencia Apro)

La primera fase de la lucha en torno a la contrarreforma energética de Felipe Calderón desnudó la renovada alianza de clases de los partidarios del status quo y el inmovilismo; de quienes se oponen a todo cambio social y al pensamiento crítico y solidario. Y como tantas veces antes en el pasado reciente, dicha alianza clasista se movió, en términos de propaganda, en dos terrenos interrelacionados, complementarios y, en rigor, sincronizados: el de los intelectuales orgánicos del sistema y el de la guerra sucia mediática patrocinada por la derecha más reaccionaria. En ambos casos, el escenario principal de la campaña de manipulación e intoxicación propagandística fueron los medios electrónicos bajo control monopólico, Televisa en primer lugar. Sin embargo, la prensa escrita también jugó papel destacado, sobre todo en las secciones de opinión.

El blanco de la campaña fue el mismo que desde 2002, atravesando por los videoescándalos, el desafuero y la guerra sucia electoral, tiene inquieta a la oligarquía y llega hasta nuestros días: Andrés Manuel López Obrador, estigmatizado entonces como populista radical, mesías tropical, hombre autoritario y violento, y caricaturizado ahora como fascista, nazi y golpista, entre otros epítetos y trucos retóricos fuera de toda proporción y objetividad.

En el fondo, la reacción de la cúpula empresarial, la ultraderecha corrupta y sus papagayos mediáticos no se reduce a señalar a AMLO como “un peligro para México”. El verdadero temor de la plutocracia gobernante, sus aliados priístas y los intelectuales políticamente correctos guarda relación directa con el avance de la conciencia popular, las masivas acciones de la resistencia civil pacífica contra el fraude electoral y en defensa del petróleo y el surgimiento de distintas formas de organización horizontal en todo el territorio nacional.

Si a ello se le suma la existencia en México de otras fuerzas antisistémicas, algunas de carácter armado (EZLN, EPR, ERPI), se comprende por qué el régimen recurre de manera persistente a la mentira, la falsificación de la información y al terrorismo mediático, en el contexto de una guerra contrainsurgente en ascenso.

La cúspide de la campaña mediática fue un espot difundido en horarios estelares de Televisa, donde se comparó la toma de las tribunas en el Congreso por legisladores del Frente Amplio Progresista con acciones encabezadas por Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Augusto Pinochet y Victoriano Huerta. Por medio de una secuencia de imágenes, esos anuncios pretendieron equiparar a López Obrador con los personajes mencionados, mientras se afirmaba que, con la “clausura” del Congreso, la “democracia” mexicana y la “paz” estaban en peligro. Un insulto a la inteligencia, o una forma falaz y absurda de sembrar miedo y alimentar el encono y la polarización social.

La liga directa del Partido Acción Nacional con los promotores visibles de los espots de propaganda negra (entre ellos los neofascistas Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega, quienes en colusión con el genocida presidente de Colombia, Álvaro Uribe, presentaron además una denuncia penal por “terrorismo internacional”, ante la Procuraduría General de la República, contra Lucía Morett y 15 mexicanos más, cuatro de ellos asesinados en el Sucumbíos ecuatoriano), no dejó duda sobre quién fue, en realidad, el autor intelectual de la nueva campaña de odio: el gobierno de Felipe Calderón. Una vez más, el respaldo público del Consejo Coordinador Empresarial al régimen desnudó el carácter de clase de la nueva guerra sucia mediática.

John M. Ackerman recordó en estas páginas que el fascismo es una ideología basada en la razón de Estado y la fidelidad total al jefe de la nación, que utiliza la violencia y la propaganda para generar un clima de miedo y odio contra los “diferentes”. Y no es precisamente López Obrador quien se ha acercado en los últimos años al fascismo, sino los gobiernos del PAN y los grandes monopolios privados, legitimados por la jerarquía conservadora de la Iglesia católica e intelectuales áulicos que viven de la teta del poder.

Con un agregado: igual que ocurre en Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia, el nuevo laboratorio mediático de abril en México forma parte de la “guerra de cuarta generación” impulsada por la administración Bush en el marco de su lucha contra el “terrorismo” (como sustituto del viejo fantasma comunista).

El concepto, acuñado en 1989 por William Lind del Pentágono, abarca la guerra asimétrica, la guerra sucia, el terrorismo y la propaganda, en combinación con estrategias no convencionales de combate que incluyen la cibernética, el control de población y la política.

Asociada a la guerra sicológica, la generación de matrices de opinión falsas y negativas, mediante el reciclamiento de mensajes fabricados que son difundidos en la gran prensa internacional, permite librar batallas que se resuelven sin fusiles. Las grandes unidades militares son remplazadas por pequeñas unidades mediáticas que montan grandes operaciones de prensa que buscan determinada reacción de la sociedad. Con una ventaja central: a la familia Santos del diario bogotano El Tiempo, y a Emilio Azcárraga Jean, de Televisa, no hay que engañarlos o convencerlos. Son herramientas dóciles, porque sus intereses económicos y de clase coinciden con los objetivos de las guerras sicológicas de Washington.