Por Carlos Fernández-Vega
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Otra vez los fondos de ahorro de los trabajadores y sus “minusvalías” (término oficial para no llamar pérdida a la pérdida), que en 2008, hasta septiembre, acumulan alrededor de 53 mil millones de pesos. Dichas “minusvalías” contrastan con las ganancias (aquí sí le llaman cereza a las cerezas) recolectadas, vía comisiones, por los dueños de las citadas “administradoras”.

Miles de millones de pesos (que siempre sí había) han salido de las arcas públicas para “apuntalar” (eufemismo oficial por “rescatar”) a los grandes consorcios bancarios, productivos y comerciales con “problemas de liquidez”, “deuda en dólares pagadera en el corto plazo”, “desajustes cambiarios” por especular en el mercado de derivados, etcétera, etcétera. Ni un solo centavo para contener la pérdida (léase “minusvalía”) del ahorro de los trabajadores.

Que “ya se recuperarán las minusvalías”, grita a coro el “sistema PAN”; cuentas claras e intervención gubernamental exigen los que a veces, según amanezca, son oposición y en otras cogobierno, mientras 62 por ciento de los trabajadores “aforados” tienen ingresos que no pasan de 175 pesos diarios y que en el mejor de los casos recibirán migajas de su ahorro.

Voraces dueños de las Afore que nunca pierden, por muchas “minusvalías” que los trabajadores –convidados de piedra en el negocio– reporten. A pesar de que sólo poco más de 15 millones de cuentas de ahorro para el retiro permanecen activas, los afilados colmillos de los barones del ahorro (ajeno) se clavan, vía comisiones, en el total de las casi 39 millones de cuentas que están registradas (62 de cada 100 de ellas permanecen sin flujo, inmóviles, porque el titular perdió el empleo y se fue a la informalidad, pero al “aforador” le vale un cacahuate y cobra comisión).

En riguroso promedio, al llegar el momento de pensionarse cada trabajador “aforado” acumularía un ahorro cercano a 23 mil pesos, más casi 11 mil por vivienda. A cada uno de ellos el primer monto le garantizaría una pensión cercana a mil 700 pesos anuales (según la tasa de rendimiento oficialmente reconocida), algo así como 140 pesos mensuales. El segundo no serviría ni para rentar una tienda de campaña.

Triste, por no decir indignante, realidad que reporta “la gran solución social al México moderno de hoy”, según bella frase de ocasión pronunciada por Ernesto Zedillo en 1997, cuando dio el banderazo de salida a este esquema, que remató así: “por fin tenemos un sistema de pensiones para el futuro, moderno, ágil, transparente y, sobre todo, justo, que desde el momento mismo de su puesta en marcha está dando resultados favorables a los trabajadores y a la economía nacional… Se salvaron pensiones presentes y futuras de los trabajadores de México”.

Pues bien, la “salvación” y la “solución definitiva”, lejos de dar tranquilidad, reposo y bienestar a los trabajadores, ha generado un cada vez más peligroso nerviosismo, por no decir encabronamiento, de los millones de mexicanos que obligadamente fueron subidos a este tren.

Retomo un detallado análisis que sobre el tema elaboró (mayo 2008) el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados: en los primeros 10 años de operación, los ingresos de las Afore, por el cobro de comisiones, se incrementaron a una tasa media anual de 13.15 por ciento, de tal suerte que en el periodo ascendieron a 120 mil millones de pesos. De 1998 a 2007, las Afore acumularon utilidades netas por 28 mil 500 millones de pesos, mientras los trabajadores pagaron hasta 23 centavos por cada peso que aportaron para su pensión. En términos porcentuales, de 1998 a 2007 la utilidad neta de las Afore creció a una tasa media anual de 24.11 por ciento; mientras que el rendimiento de las cuentas de los trabajadores apenas fue de 2.7 por ciento, una diferencia de nueve tantos a favor de las utilidades empresariales.

En una fecunda década para los propietarios de las Afore, el ahorro de los trabajadores que ellos “administran” pasó de representar 2.8 por ciento del PIB en 1998 a 12.2 por ciento al cierre de 2007 (un incremento de 4.35 veces en el periodo), equivalente a casi un billón 200 mil millones de pesos.

Como suele suceder en la “moderna” economía mexicana, al cierre de 2007 cuatro Afore (dos extranjeras, dos nacionales) se quedaron con la rebanada más gruesa del pastel: Banamex (Citigroup, estadunidense), Bancomer (BBVA, española), Inbursa (Carlos Slim) y Profuturo GNP (Alberto Bailleres), la más onerosa del sistema, concentran 57 por ciento del mercado, con 679 mil millones de pesos.

Una segunda rebanada, no tan gruesa como lo anterior, pero igual de suculenta, quedó en manos de otras seis Afore (cuatro extranjeras y dos de capital nacional y foráneo), con 35 por ciento del mercado, equivalente a 418 mil millones de pesos. Ellas son Banorte Generali (mexicano-española), ING (holandesa), Santander (española), Siglo XXI (IMSS-Prudential Financial, estadunidense), HSBC (británica) y Principal (estadunidense). Las 11 Afore restantes se repartieron la rebanada más delgada, pero resultona: 8 por ciento del mercado, o lo que es lo mismo, alrededor de 100 mil millones de pesos en ahorro de los trabajadores. Incluso se dan casos como el de la Afore Scotia con sólo 0.1 por ciento del total y la Afore De la Gente (así se llama) con apenas 0.02 por ciento.

Lo mejor del caso es que las 10 Afore que concentran (unas más que otras) 92 por ciento del mercado resultan las más caras para los trabajadores, las que mayores comisiones cobran. Así, Profuturo GNP, del empresario Forbes Alberto Bailleres, ocupa la primerísima posición en lo que a costo para los ahorradores significa: 2.6 por ciento; le siguen dos trasnacionales: Banamex, propiedad de Citigroup, y la española Santander, con 2.2 por ciento; ocupa el tercer escalón la Afore que originalmente “administraba” el IMSS y que ahora lo hace de la mano de la estadunidense Prudential Financial, con 2.1 por ciento, ligeramente por arriba de la británica HSBC y la estadunidense Principal, con 2 por ciento en cada caso, quienes superan a la mexicana-española Banorte Generali y a la española BBVA (1.7 por ciento). Las demás están por debajo de esta cota.

Entonces, ¿intervendrán hasta que, como acostumbran, les estalle la bomba en la cara?

Las rebanadas del pastel

En campaña lo prometió para los mexicanos de a pie; ya en Los Pinos cumple, pero no a ellos, sino a sus clientes favoritos: “anuncia Calderón programa energético para industriales; los empresarios podrán pagar una tarifa fija anual por electricidad y acceder a un contrato de cobertura en compra de gas para estar protegidos de variaciones del precio de ambos energéticos”. La pelusa, pues, que se joda.

(Columna Dinero, La Jornada, 01-11-08)

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Cuentas individuales: ¿menos rendimientos pero más aportaciones?

Por Gustavo Leal F.
(Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco)

Aunque la rentabilidad del ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos cayó estrepitosamente (14 mil 600 millones en abril de 2008), la Consar y las Afore pretenden lograr que sus aportaciones –cuotas obligatorias– se sigan incrementando.

Moisés Schwartz, presidente de la Consar, observó que es “indispensable que se incrementen las aportaciones que hacen los que cotizan en el IMSS, porque de otra forma terminarán con una pensión menor a la que tendrán los afiliados al ISSSTE”. Y luego su vocera, Vanesa Rubio, agregó que “no hay vuelta de hoja, son matemáticas. Si cotizas 6.5 no hay manera de que tu pensión pueda ser como la de los suecos”.

Pero justo en el mismo sentido ya se habían manifestado, primero Francisco González (agosto de 2006), entonces presidente de la Amafore, y luego Eduardo Silva, su presidente en turno, así como Oscar Schmidt, vicepresidente para América Latina de Metlife, para quien “el gran pendiente del país es subir la tasa de aportación obligatoria a por lo menos 10 por ciento. Claro que se tiene que determinar quién asume este incremento, pues de ser las empresas, perderían competitividad, el gobierno enfrentaría un deterioro en las cuentas fiscales y el empleado perdería poder adquisitivo”. Días después, William Toppeta, presidente internacional de Metlife, reconoció que México es un “mercado clave”, en donde el crecimiento futuro estará impulsado “principalmente por oportunidades de jubilación y ahorro”.

Opinan de la misma manera Federico Cervantes Denis, director de consultoría en inversiones de Watson Wyatt México; Pamela Cox, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, así como David Tuesta y Adolfo Albo –economista en jefe de sistemas de pensiones de BBVA y economista en jefe para México del mismo banco–, para quienes es preciso “incrementar aportaciones en el esquema de contribución definida del IMSS”, si se tratara de “impulsar el sistema de pensiones”.

Sólo Lorenza Martínez, entonces titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda, descalifica el incremento de las contribuciones obligatorias, “porque si bien podrían ayudar a elevar las tasas de remplazo, por otro lado podrían incentivar la informalidad”.

Por tanto, no sorprende que frente a la iniciativa de una comisión única de rendimiento, el propio presidente de la Consar, Moisés Schwartz, se apresurara a descalificarla con un curioso argumento: “las Afore son un negocio y lo que buscan es obtener utilidades y rendimientos”. Una comisión sobre rendimiento, agregó, “no sería viable ni factible por un sinnúmero de razones. Costa Rica es el único país que cobra por rendimiento y los resultados no son óptimos”.

Y ello, mientras los ahorros de los trabajadores siguen cayendo y Calderón se empeña en imponer –después de ISSSTE, IMSS, CFE, entidades federativas y universidades públicas– ahora las cuentas individuales a los trabajadores de Pemex, Telmex y STUNAM, entre otros.

Por algo en su segundo Informe –después de establecer que el ahorro acumulado para el retiro sumó, a junio de 2008, un billón 382 mil millones de pesos (11.2 por ciento del PIB)– presume que la “reforma” del ISSSTE “permitirá dar sustentabilidad financiera al sistema de pensiones del instituto y permite alcanzar ahorros hasta de 22 del PIB”.

Lamentablemente, como reconoció el IMEF, el costo fiscal de la “reforma” calderonista supera con mucho esos “ahorros”. Difícilmente se verán. Corrigiendo de raíz el hueco optimismo de la tecnocracia foxista (Gil Díaz) y calderonista (Carstens), la “nueva” ley ha resultado mucho más cara que la abrogada (1983) y su futuro fiscal es tan endeble que hasta las calificadoras Standard & Poor’s y Moody’s comunicaron que su presencia no mejora el perfil de la deuda mexicana.

Este es el garrafal saldo del panismo de Calderón: “ahorros del PIB” a costa de la reducción de beneficios ganados por los trabajadores (derechos adquiridos); “ahorros financieros” para un gobierno empresarialista de derecha que jamás se traducirán en pensiones “dignas”.

Aunque, eso sí: “la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE –afirmó el secretario de Hacienda, Agustín Carstens– es un hecho fundamental que impactará positivamente en la generación del ahorro y se suma al desafío del mercado de capitales”, mientras la “reforma” Beltrones del SAR (en vigor desde el 15 de marzo de 2008) generara un auge de traspasos: casi medio millón en el mes de abril.

Como dice Moisés Schwartz desde la Consar: “el incremento de tasas a largo plazo genera minusvalías en algunas Afore. No es agradable perder, pero si lo vemos a 20 años nadie se va a acordar de esto. Es más, ni en uno ni en dos años se recordará”. ¿Nadie se va a acordar?

Pero transcurridos esos 20 años estipulados por Schwartz, los panistas, hoy responsables con Calderón –como antes los de Fox–, ya habrán abandonado la administración pública. ¿Quién dará, entonces, la cara? ¿El PRI “socialdemócrata” de Beltrones, Gamboa y Samuel Aguilar que impuso en 2007 –pisoteando sus principios– la “nueva” Ley del ISSSTE? ¿Los tecnócratas hacendarios José Antonio González Anaya y su sucesora Lorenza Martínez? ¿El subgobernador del Banco de México Everardo Elizondo? ¿Fernando Solís Soberón y Gabriel Budebo, ex titulares de la Consar? ¿La Amafore? ¿Ernesto Zedillo, Genaro Borrego y Gabriel Martínez, responsables de la “reforma” del IMSS de 1995?

Afortunadamente, el debate sobre el destino de la salud y la seguridad social de los mexicanos está más que en marcha.