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Qué bueno que a los operadores fallidos de la Procuraduría General de la República (PGR) les corten la cabeza sólo en un sentido figurado, pero eso no quita que constituyan nuevas bajas y nuevos costos en la guerra publicitaria, pero muy mortífera, del calderonato. En la gran negociación a balazos que se lleva a cabo entre el grupo que controla el poder institucional de la Federación y los poderes de hecho que controlan todo lo demás en el país, el pequeño ajuste (de cuentas) en la cúpula de la PGR es concesión obligada a una opinión pública que observa con inquietud, por decir lo menos, el creciente abismo entre las ensoñaciones oficiales y la realidad, entre los conjuros “seguridad”, “mano firme” y “estado de derecho”, por una parte y, por la otra, la proliferación imparable de decapitados, levantados, encobijados, encajuelados, secuestrados y demás expresiones del desajuste entre las mafias y de una estrategia de seguridad pública desajustada desde su inicio con respecto a la realidad.
Con tal de enviar a los amos del dinero un mensaje de eficiencia, Felipe Calderón desmantela el equipo de Eduardo Medina Mora. El grupo de trabajo de Genaro García Luna ha sido diezmado no por las remociones sino por los asesinatos. A Calderón le va quedando únicamente el Ejército, lo cual es otra manera de decir que el Ejército se va quedando con Calderón. Ultimadamente, eso no es culpa de los militares, sino de quien los eligió como símbolo –a falta de otros– de poder. Es lógico suponer que, mientras tanto, se esté desarrollando un hervidero de regateos y de acuerdos soterrados entre funcionarios (federales, estatales y municipales) y los capos que tengan a la mano. Si se sigue por este camino, las instituciones corroídas que el guanajuatense le heredó al michoacano terminarán por colapsarse.
No puede ser otra la perspectiva de una guerra que se emprendió sin una definición realista del enemigo, sin medios adecuados para librarla y sin una valoración de la circunstancia: si realmente hubiese deseado combatir a la delincuencia organizada, Calderón habría tenido que empezar por depurar a las porciones del Estado que forman parte de ella. El precio de confundir instrumentos del adversario con recursos propios es necesariamente alto.
Este gobierno no podrá alegar que no se lo advirtieron a tiempo. Contra los señalamientos correspondientes, a pesar de los datos preocupantes, el calderonato ha persistido en fabricar victorias mediáticas con hechos que son, en el mejor de los casos, señales de alarma, como el tipo de armamento que se ha venido decomisando a la criminalidad. Por ahora es aún muy pronto para saber si la administración actúa de esa manera por mero empecinamiento, porque no tiene otra salida, en su calidad de rehén de los grupos de poder real –los legales y los ilegales– o bien porque la destrucción de la institucionalidad que queda es, en realidad, su plan de gobierno. Si es esto último, lleva el proyecto muy avanzado.
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