México es uno de los países con la publicidad más truculenta y mentirosa.

No sólo ofrece un país bonancible y democrático con grandes tesoros en lo profundo del mar por cuenta del gobierno y su partido, sino que suelta una serie interminable de bienes y servicios a precios y en condiciones increíbles que estimulan el impulso de compra o motivan su obtención.

Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Al pretender la compra o adquisición, se le ofrece un producto o servicio igual o mejor, lógicamente a mayor precio y en condiciones distintas a las ofrecidas. Casi nadie percibe o atiende “la letra chiquita” que justifica el engaño: “Precio sujeto a cambio sin previo aviso”, “Aplican restricciones”, "Hasta agotar existencias" y otras por el estilo.

El "Precio sujeto a cambio sin previo aviso" es el ejemplo más evidente de la burla a la ley y a la confianza del consumidor. Es, de hecho, una advertencia de abuso contra el que no hay defensa, puesto que se avisó. También el "Hasta agotar existencias" exime al anunciante de toda responsabilidad hacia el confiado comprador que acude a la invitación de una barata u oferta y se encuentra con que "ya se terminó", sin importar que llegue a poco de abierta la tienda vendedora. Jamás se publicita cuál es la existencia en oferta, la obligación es advertirle al consumidor y ya.

Ésa es la forma de rodear la ley que encontró la Procuraduría del Consumidor (Profeco) para no enemistarse con la iniciativa privada y permanecer dentro del Presupuesto haciendo como que “protege” al consumidor, avisando que lo van a timar (no impidiéndolo), dándole largas a sus quejas o aplicando multas simbólicas que nunca se cobran y acaban por condonarse, pero que en ningún caso beneficia en algo al consumidor quejoso.

El consumidor en México está en la total indefensión, pese a la infinidad de organismos supuestamente creados para su defensa, a los que la corrupción endémica acaba convirtiendo en servidores de los agresores contra quienes se crearon (igual que las policías). Son inútiles las burladas leyes que sólo sirven para justificar los descomunales sueldazos de los legisladores que las aprueban, pero que nadie obedece, ni los pretendidos destinatarios ni las dependencias responsables de hacerlas respetar.

Lo mismo viajeros que deben pagar en mostrador los “extras” aplicados a rajatabla ante incumplimientos de los prestadores del servicio, que usuarios de servicios financieros indefensos ante el “anatocismo” (interés sobre interés sobre interés) que “legalizó” la Tremenda Corte de (in)Justicia a pedido de Vicente Fox (como otras tantas transas que institucionalizó en su servilismo a la casa presidencial), todos padecen en México el absurdo “estado de derecha” que tiene desquiciado al país. Esa "derecha" que trastoca el Derecho para depredar al país.

Los famosos “contratos de adhesión” (otra malvada creación de Carlos Salinas de Gortari) son el escape “legaloide” a la imposición unilateral al consumidor de condiciones siempre favorecedoras al empresario. Pero basta con que pase por la Profeco, con la respectiva “untada” para ganar simpatía (jamás para sobornar, ¡Dios nos libre!), y se imprima el número de autorización, para que cualquier asalto quede legalizado. Claro que la Profeco, en defensa de los consumidores, exige poner la leyenda “Aplican restricciones”. Sin decir cuáles, de qué tanto, ni en qué tiempo. Ahí que lo averigüen los incautos.

También “Contrato de Adhesión” son las “solicitudes” de créditos, sea bancario o comercial, que el ciudadano firma sin leer ni entender a cabalidad, pues no todos son abogados o contadores, para captar en una sola lectura los compromisos y alcances de lo que está firmando. Como gran logro del Congreso se publicitó ¾a fin de que todos sepan que los legisladores sí trabajan, no sólo se pasean y levantan el dedo sin saber para qué¾ la obligación de los otorgadores de crédito de publicar el famoso “CAT” (Costo Anual Total), que pronto se ve rebasado por los distintos rubros que se aplican al acreditado por la disposición del crédito, todos con su respectivo IVA que Hacienda se hace de la vista gorda para que los empresarios lo jineteen y al cierre del ejercicio puedan repercutirlo contra las pérdidas que reportan.

En resumidas cuentas, “la letra chiquita” es la salida fácil de un burocracia servil al empresariado voraz y un verdadero azote a los consumidores.