Tres sesiones en el Senado sobre las iniciativas petroleras han bastado para trazar una tendencia que, sin duda, se irá confirmando con el paso de las aportaciones venideras de los invitados por el FAP.

Empezó ya la parte legal y constitucional, sustento de las diferentes concepciones de nación que están en juego. Le seguirán otras de naturaleza técnica o para analizar el uso de excedentes, el monto de la plataforma de exportación, el desarrollo industrial y de medidas fiscales para que las pretensiones de Calderón, presidente del oficialismo más retrógrado y entreguista, queden decantadas ante la opinión colectiva, al menos de su segmento mejor informado.

La tramposa formulación para abrir las puertas al extranjero a través de vericuetos ya conocidos (banca, pensiones, CFE) ha quedado en franca evidencia. Lo mismo ocurre con los intentos privatizadores desperdigados por todas y cada una de las iniciativas (van seis y contando). El contratismo, la fórmula privilegiada de la corrupción gigante (la interna es menor aunque no despreciable) se abre paso de manera descarada en las reformas a la ley de la administración pública, la leyes de adquisiciones y obras públicas y en Ley Orgánica de Pemex. Una cadena completa de modificaciones para regularizar mucho de lo ya hecho de manera lateral, vergonzante, semioculta, ilegal, por los agentes del neoliberalismo que han controlado a la paraestatal. Esa tendencia ideológica de la que hasta Salinas ahora quiere tomar distancia. La que esparce la derecha partidaria alebrestada, vacía e ignorante que llevó Martínez en su discurso, tan atronador como rebuscado. En fin, las inocultables maniobras del imperialismo, desesperado por asegurar sus fuentes de abastecimiento.

Contra la tendenciosa creencia, muy arraigada, por cierto, de pensar este debate como un sencillo sainete sin mayores efectos o trascendencia, hay que repensar lo que está sucediendo y sus posibles repercusiones legislativas. La reforma futura de Pemex contendrá mucho de lo que en este proceso se debate. Ello dependerá, claro está, del peso específico de las fracciones partidarias. Pero, también, de la validez argumentativa, de las evidencias que se vayan dejando asentadas en las discusiones. Lo cierto es que aquello que no haya sido expuesto en estos dos meses de intensos trabajos difícilmente podrá ser incluido en la formulación final. La trastienda acostumbrada no meterá, a última hora, sus apartados adicionales. Sólo prevalecerán las posturas que hayan pasado por la prueba de su exposición abierta. De ahí la importancia de llevar los mejores y claros argumentos, las propuestas mejor integradas. Un avance democrático, un logro de la oposición, sobre todo de esa que va dando pruebas contundentes de capacidad organizativa, la que combina la inteligencia del razonamiento y el espíritu constructivo nacional, con las manifestaciones populares en la calle y la acción decidida y unificada de sus legisladores.

Las posturas de la derecha que, se supone, respaldan las iniciativas de Calderón, han sido medrosas, rebuscadas, laterales, académicas. Sus adalides han cuidado más sus pequeñas o sonantes reputaciones y no dan muestras del coraje necesario para salir a descampado, como lo han hecho los que proponen una industria integrada, propia, que sea el efectivo motor, la palanca del desarrollo industrial y tecnológico de México. La derecha y sus avanzados en maestrías varias han atacado por los flancos, rehuyendo el meollo del asunto. Empiezan por exhibir sus reductos académicos generalizadores y catalogan la renta petrolera y su confinamiento a la sección extractiva de crudo. El resto de la cadena, por quedar sujeta a los rendimientos del capital invertido, se exime del alcance constitucional y queda, por tanto, a merced de la ambición privada. Siguen por inventariar los casos externos de supuesto éxito privado, pero olvidan el creciente catálogo adicional de las experiencias nacionalizadoras, soberanas e integrales que se dan en abrumadora mayoría en el ancho mundo. Aducen la magnitud de la tarea a desempeñar y concluyen en la necesidad, no demostrada, de dejarse acompañar por la iniciativa de los particulares (sin referentes extranjerizantes, claro está). Inciden, una y otra vez, en la corrupción sindical, pero soslayan la derivada del contratismo con los agentes privados. Traen a colación, como guías de un alumnado de elite (ITAM), sus modelos conceptuales y organizativos que, con el alegato valedero de la transparencia, permitan esa discrecionalidad que ahora prevalece. Apoyan, con prestancia y desparpajo, la inclusión de auxiliares, mandones (consejeros independientes) de sus muchos gerentes colonizados, para que decidan a su mejor entender, siempre y cuando eso signifique mayor entrega y apego a los estándares de eficiencia financiera que se han extendido por todas las corredurías. La independencia tecnológica, el abandono de la ingeniería como sostén del crecimiento brilla por su ausencia en los doctos alegatos de la derecha. La creación de empleo, generado en mayores cantidades a medida que se avanza en la cadena industrial, no es su preocupación.

Los juristas han puesto el acento ahí donde les duele a las iniciativas de Calderón: su abierta, tajante, reluciente inconstitucionalidad, la fase neurálgica de la propuesta. Lejos quedan aquellas aseveraciones de que su tratamiento es impertinente ante tantas modificaciones sufridas. La decisión de soslayarla, dejarla de lado mientras se acuerdan los diseños básicos es, francamente, un contrasentido en tratándose de una reforma legislativa. La validez de sus antecedentes, los girones de vidas dejadas en su formulación, los penosos, prolongados, constantes esfuerzos por arribar a un concepto de propiedad originaria de la nación, se pueden obviar mientras se acuerdan los detalles y el envolvente de la industria. Por el contrario, los constitucionalistas y la historia misma del presente disienten de tal contrasentido conservador y le han dado vigencia y hacen indispensable sus referentes en estos momentos de asedio interesado.

La cerrada actitud de los medios masivos para incidir sobre lo que sucede en este debate es sintomático de las debilidades intrínsecas de la reforma petrolera de la derecha. Se niegan a dar el espacio que merece en sus informativos. Sus escasos y poco atendidos programas de análisis prefieren los aquelarres perredistas por ejemplo. Pero, a pesar de ello, el tema petrolero ha permeado como ninguno en el imaginario colectivo. El tiempo que se ha abierto para la participación ciudadana está siendo aprovechado a cabalidad y la gente, entusiasmada, visita casas, las universidades llaman a la discusión y se atiborran las plazas públicas. Grupos de ciudadanos, asociaciones de profesionales, iglesias, gobiernos y partidos se van sumergiendo en un debate profundo de consecuencias todavía no apresadas a cabalidad. La solicitud de una consulta popular se presenta, cada vez con mayor urgencia, como la inevitable salida a este fenómeno colectivo sin parangón cercano.

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