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De nuevo, el equipo de Felipe Calderón reacciona de manera por demás absurda ante los señalamientos de corrupción en el sector energético, realizados por Andrés Manuel López Obrador y en esta ocasión le tocó a Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), emitir un comunicado para “explicar” que el multimillonario contrato firmado entre la CFE y la empresa española Repsol fue un arreglo muy provechoso para el país, para las arcas nacionales y, por consiguiente, para todos los mexicanos.
Más aún, se atrevió a señalar que dicho contrato nos permitirá adquirir miles de millones de pies cúbicos de gas provenientes de Perú y al mismo tiempo podremos obtener ahorros por más de mil 500 millones de dólares.
Desafortunadamente, Elías Ayub no pudo explicar por qué un país como México, que ocupa el 14 lugar mundial en producción de gas natural, tiene que adquirirlo de Perú utilizando como intermediaria a una empresa española.
Mucho menos explicó por qué, si el costo máximo del gas que Repsol suministrará en Manzanillo es de 2.45 dólares por millón de BTUS (unidades térmicas británicas), la CFE aceptó pagar el mismo gas a Repsol, a un promedio de 8 dólares por millón de BTUS, y “con todo y ello” nos ahorramos mil 500 millones de dólares
Pero más inexplicable resulta que, de acuerdo con información de la propia Comisión Federal de Electricidad, se observa que a pesar de que durante los últimos cinco años la deuda total de la paraestatal aumentó sólo 20.5 por ciento, para ubicarse en 8 mil 482 millones de dólares, la deuda derivada del uso del esquema Pidiregas se incrementó en 100 por ciento, es decir, en más de 3 mil millones de dólares, mientras que la deuda contraída a través de esquemas diferentes a los Pidiregas se redujo en casi 40 por ciento.
Esta situación revela que durante los últimos años ha existido una clara tendencia a utilizar el mecanismo de los Pidiregas como un instrumento para endeudar a la CFE, mediante la asignación a empresas privadas de contratos para la construcción de infraestructura eléctrica, que incluyen tanto la generación privada de energía eléctrica como proyectos relacionados con el gas natural.
Y que esta política repercute no solamente en el nivel de endeudamiento de la empresa, sino también en los pagos u amortizaciones que la paraestatal tiene que realizar por este concepto, ya que por ejemplo mientras que en 2002 no se realizaban pagos por estos proyectos, para 2007 la amortización o pago de Pidiregas ascendió a poco más de 54 mil 100 millones de pesos, lo que representó la cuarta parte del gasto programable total de la empresa.
En este sentido, es preciso recordar que la propia Auditoría Superior de la Federación, en su Informe sobre la Revisión de la Cuenta Pública de 2002, realizó diversas observaciones tanto a la Secretaría de Energía como a la Comisión Reguladora de Energía y a la propia Comisión Federal de Electricidad, donde expresamente concluyó que “desde 1996 la CFE ha reducido de manera significativa su inversión en el desarrollo y construcción de la infraestructura básica de generación de energía eléctrica, por lo cual la capacidad necesaria para satisfacer la demanda ha sido suplida con la participación, cada vez mayor, de productores privados, aun cuando la CFE sí contaba con capacidad de inversión”.
Hay que recordar que la mayoría de estos proyectos de generación a través del multicitado esquema ha sido asignada a empresas de origen español, como Iberdrola o Repsol, y desde 2003 Juan Camilo Mouriño se desempeñó como asesor del secretario de Energía y posteriormente en 2004, durante la gestión de Felipe Calderón al frente de la misma Sener, Juan Camilo fungió como subsecretario de Electricidad.
Finalmente si a lo anterior se añade el patético diagnóstico que presentó el equipo calderonista sobre la situación que guarda Pemex, lo único que podemos concluir es que la actitud asumida por estos señores resulta por demás cínica, pues sólo han dejado ver que conocen el precio de todo, pero el valor de nada.
*Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México
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