“No tiene nada de malo.” Así podría resumirse el alegato del 6 de marzo por Juan Camilo Mouriño: los contratos con Pemex que firmó, en su calidad de apoderado legal de la empresa Ivancar, y cuando se desempeñaba como coordinador de asesores de Felipe Calderón, por entonces secretario de Energía, “son auténticos y legales”; “yo no era parte interesada, por eso insisto en que no es inmoral ni ilegal”.

Y agregó que en el cargo referido “no tenía nada que ver con el tema de hidrocarburos”. O sea: Mouriño le dio la razón a Andrés Manuel López Obrador sobre la autenticidad de los contratos. “Ostentación de faltas” es una de las acepciones que da la RAE al término cinismo.

Está por verse si las firmas en cuestión no fueron propiamente ilegales. En cambio, el aserto de que el coordinador de asesores del secretario de Energía no tiene nada ver con el manejo del petróleo es una mentira frontal y descarada, porque a la Sener le corresponden, entre otras tareas, “conducir la política energética del país; ejercer los derechos de la nación en materia de petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos; conducir la actividad de las entidades paraestatales cuyo objeto esté relacionado con la explotación y transformación de los hidrocarburos; promover la participación de los particulares, en los términos de las disposiciones aplicables, en la generación y aprovechamiento de energía; fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético paraestatal, y otorgar concesiones, autorizaciones y permisos en materia energética, conforme a las disposiciones aplicables”, de acuerdo con el artículo 33, incisos I al VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Y antes, cuando Mouriño presidió la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y actuó, también como apoderado legal de empresas familiares, ¿tampoco tuvo “nada que ver con el tema de los hidrocarburos”?

La transformación experimentada por el régimen político nacional de De la Madrid a la fecha es, en buena medida, el tránsito de la hipocresía al cinismo: lo que antes se hacía en la oscuridad y al abrigo de la luz pública –otorgación de contratos más que jugosos, bonos especiales y discrecionales, simple sumergida de uñas en el tesoro público– hoy se presenta, regulado y legalizado, como “conducta legal y ética”, y los cuestionamientos al respecto constituyen en el discurso oficial –nadie mejor que un secretario de Gobernación para dar el tono– “apuestas por el fracaso de nuestro país” y como intentos por lograr que “a México le vaya mal”. Ajá, Mouriño.

En este ambiente, poco les faltó a Ugalde y a sus compinches del pasado Consejo General del IFE para quejarse en la Secretaría del Trabajo porque los echaban de sus cargos; los magistrados de las máximas instancias (qué caro le sale al país blanquear el fraude electoral y la pedofilia) se embolsan cada año toneladas de billetes porque “es legal” y otro tanto hacen legisladores, gobernadores y presidentes municipales. Y si un día el país consigue eliminar o atenuar la carga que representan las pensiones vitalicias de los ex presidentes, ya podrán éstos demandar a la nación por violar sus derechos laborales, como esa insólita jubilación millonaria tras seis años de servicios.

Poco se parecen estos descarados yuppies de la clase política mexicana a los filósofos cínicos (Diógenes de Sinope, Antístenes, Crates...) que pululaban en Atenas hace 24 siglos. Dicen que a los segundos el mote les vino de kynikos, forma adjetiva de kyon, perro, porque sus contemporáneos los tenían por semejantes, en el comportamiento, a esos animales. Mucho tiempo después, en su Tratado de la pintura, Leonardo da Vinci catalogó a los perros como “animales ávidos”. Qué culpa tienen.

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