Puede traicionarme la memoria, pero me parece recordar que lo solicitado por la revista Proceso sobre las boletas electorales de la elección presidencial de 2006 era acceso a ellas para volverlas a contar, y no, como ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impugnar las leyes electorales entonces vigentes ni el proceso comicial ya concluido.

Desde el principio, tanto la revista como algunos universitarios solicitaron contar los votos a sabiendas de que dicha acción, de haberse permitido, no cambiaría los resultados electorales, sino sólo resolvería la gran incógnita de muchos mexicanos de si los resultados fueron correctos o no. La negativa de seis magistrados contra cinco demuestra, una vez más, que la gente del poder no quiere que se le haga la autopsia, por decirlo así, al cadáver electoral. Hay presunción fundada de que dicha víctima fue asesinada; no se tiene la certeza de cómo exactamente se cometió el crimen, si fue asfixiada o murió de un golpe en la cabeza o de un balazo. La autopsia nos revelaría algo al respecto o, quizá, que la víctima en realidad no fue asesinada sino que falleció de lo que los médicos llaman muerte natural. Con el conteo extraoficial y sin validez jurídica se aclararía si hubo o no fraude electoral, si ganó Calderón o López Obrador. Nada más, pues, aunque tramposamente, es cosa juzgada, y ya ni modo.

Sin embargo, temerosos los del poder establecido, se han negado a aclarar estas dudas, a pesar de que sería en beneficio de la salud de la nación. Han preferido negar un derecho a la transparencia electoral que tenemos todos los ciudadanos; han preferido pasar a la historia como marrulleros autoritarios, que aclararle al mundo cómo fueron en realidad las elecciones federales pasadas. El siguiente paso será, si la lógica del poder se cumple, que el IFE ordene destruir las boletas electorales, es decir el cuerpo del delito. Y los mexicanos nos quedaremos siempre con la duda, al igual que tal vez nunca sepamos quién en realidad mató a Colosio, por ejemplo.

Los seis magistrados de la SCJN que votaron en contra de que se cuenten los votos otra vez han ratificado el enorme temor que existe en las esferas del poder institucional dominado por el PAN de que quizá Calderón no ganó. Han preferido no arriesgarse, ¿qué tal que resulta que perdió? Y esto, aunque no tenga validez jurídica, sí provocaría una enorme decepción en los mexicanos, y hasta es probable que nos enojáramos, y lo que de esto pueda derivarse.

Es una lástima que Felipe Calderón, dada la pequeña diferencia entre sus supuestos votos y los supuestos votos de su principal contrincante, no haya sido el primero en pedir que los votos se volvieran a contar. Lo único que logró con su contumacia fue aumentar la duda sobre su triunfo, olvidando la vieja máxima que dice que el que calla otorga, o la otra que dice que el que nada debe nada teme.

Si me doy cuenta de que me falta la cartera en el bolsillo y atrás de mí veo a un personaje que trata de pasar inadvertido o que lleva a cabo movimientos sospechosos, puedo pensar que él fue el ladrón. Llamo al policía más cercano y éste le pide que vacíe sus bolsillos. Si se niega, se hará más sospechoso, y si accede y no se le encuentra mi cartera, me disculparé ampliamente y reconoceré que me equivoqué y que ese personaje es inocente. Pero Calderón no quiso hacerlo, el IFE de Ugalde tampoco, el tribunal electoral ignoró infinidad de pruebas sobre la suciedad de las elecciones y falló en contra de que se contaran todos los votos. ¿Cuál puede ser la única conclusión lógica? Que no quisieron que se supiera la verdad. El máximo tribunal de la nación ha hecho lo mismo, ocultar la evidencia y dar pie para que las boletas sean destruidas. ¿Podré creer en las instituciones de la República después de esto? No, ni tampoco millones de mexicanos.

Muchos amigos míos, tanto los muy enterados como otros medio apáticos, me han dicho que no hubo fraude y me han dado decenas de argumentos; pero ellos, a diferencia de quien se ostenta como gobernante y de nuestros magistrados, sí estuvieron de acuerdo en que las boletas electorales fueran contadas de nuevo por personas ajenas al poder institucional y confiables por lo mismo. Unos lo dijeron públicamente y otros no, por temor a perder su trabajo, pero pensaron que no hubiera habido ningún problema en el recuento, incluso –en opinión de ellos– para ratificar que las irregularidades habidas en el cómputo oficial no hubieran cambiado sustancialmente los resultados. Nada. Los del poder institucional cerraron filas y terminaron siendo cómplices, por lo menos, de mantener la duda entre quienes pensamos que sí fue fraudulenta esa elección y que no triunfó Calderón. Con su terquedad confirman, para mí, que sí hubo trampa y que el golpe de Estado ex ante (del que he escrito en otros momentos) sí se llevó a cabo, aunque poco podamos hacer ahora para cambiar las cosas.

Es una lástima que estas cosas ocurran en México. Pero, contra lo que probablemente piensan los del poder, no nos acostumbraremos: seguiremos la ruta de la oposición en la medida de nuestras posibilidades. Y, una conclusión inevitable: las instituciones son dudosas y poco confiables.