A los cuatro días de haber asumido el poder, el gobierno de Felipe Calderón hizo su primer anuncio espectacular en contra del narcotráfico.

El día 5 de diciembre, la PGR había incautado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un cargamento con 19.4 toneladas de acetato de efedrina, sustancia base para la elaboración de drogas sintéticas.

La sustancia procedía de China y estaba dirigida a la empresa Unimed Pharm Chem, dedicada a la elaboración de medicamentos en México.

Durante días, la televisión presentó la información para demostrar que el nuevo gobierno iba a ser diferente en el combate al narcotráfico. Eduardo Medina Mora, el nuevo titular de la PGR que apenas en la administración saliente había sido secretario de Seguridad Pública federal no se cansaba de dar ese mensaje.

Una semana después, Calderón echó a andar, precisamente en Michoacán, donde nació, sus operativos armados contra el narcotráfico, encabezados por el Ejército.

El escenario de la “guerra” al narcotráfico, con el coro de la mayoría de los medios de información, se siguió armando. Tres meses después, el 15 de marzo, la PGR dio a conocer la incautación de 205 millones de dólares en efectivo en una casa de Las Lomas, un exclusivo barrio al poniente de la Ciudad de México.

El gobierno de Calderón se adjudicó el golpe como resultado del trabajo de los aparatos de seguridad mexicanos bajo la nueva administración. El embajador de Estados Unidos, Tony Garza, pronto le reclamó la mezquindad, pues la información sobre el dinero también había salido de las oficinas estadunidenses. No sólo eso, el gobierno de ese país buscó quedarse con parte del botín.

El dinero está ahora depositado en un banco de Estados Unidos, pues según el gobierno de Calderón el sistema financiero mexicano no está en capacidad de recibir tal cantidad de efectivo.

El aseguramiento fue noticia mundial, pues hasta entonces no se había incautado tal cantidad, equivalente a más de 2 mil millones de pesos, lo que representa más de 6% del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para este año.

En ese momento se informó que el dinero pertenecía a la empresa a la que se le había incautado la efedrina. Unimed Pharm Chem, se supo entonces, era del naturalizado mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon.

Hasta ahí la estrategia gubernamental iba funcionando. Pero el 2 de julio, justo en el primer año de la controvertida elección presidencial, el gobierno de Calderón empezó a vivir una pesadilla.

Unas horas antes de la celebración, la PGR emitió un boletín para tratar de anticiparse al escándalo que estallaría Ye Gon. El empresario acusado de narcotráfico por el gobierno mexicano había declarado --a la agencia estadunidense de noticias Associated Press (AP)-- que el dinero incautado pertenecía en realidad al PAN como parte de los recursos utilizados para la campaña del 2006.

Como intermediario señaló a quien había sido el jefe del llamado cuarto de guerra de la campaña de Calderón, Javier Lozano Alarcón, actual secretario del Trabajo. Aunque en su declaración el ciudadano de origen chino mencionó a “Javier Alarcón”, el funcionario se encuentra en medio de la tormenta y dispuesto a la pelea, pues ha anunciado una demanda contra su acusador.

Cierta o no la acusación, el asunto se le salió de control al gobierno aun desde antes que Ye Gon soltara la bomba. Las autoridades mexicanas no supieron qué hacer con el tema del dinero, incluida su custodia, aunque Calderón ya había dispuesto de él.

No se trata sólo de un asunto policial. Por sus dimensiones, ha exhibido la peligrosa deficiencia del Estado mexicano. Hasta ahora se ha empezado a voltear hacia una poderosa entidad como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), encargada en México de autorizar la importación de sustancias para la elaboración de medicamentos.

Han empezado a saltar los nombres de personajes como Ernesto Enríquez Rubio, quien estuvo a cargo de la Cofepris, a la que llegó de la mano del exsecretario de Salud, Julio Frenk, y vinculado al ya fallecido Carlos Hank González.

Pero hay todavía un agujero más: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de recabar la información relativa a las transacciones financieras relacionadas con actividades ilícitas.

Sólo un botón de muestra. La UIF, de acuerdo con el organigrama de la SHCP, no tiene titular.

Ni siquiera la sección segunda del Ejército, encargada de la inteligencia militar, parece que anticipó el escándalo que puede derivar en un desastre político para Calderón, como le ha ocurrido en su momento a otros presidentes latinoamericanos.

Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx