En la historia de presiones detrás de la ley Televisa, también fue clave la intervención del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Así, de manera subrepticia y a través de un asesor, Gil Díaz hizo llegar a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado un documento en el que sugería que las reformas se aprobaran sin ningún cambio:

“Se aprecia difícil que la Cámara de Diputados vuelva a aprobar el dictamen que nos ocupa, y en el caso de los senadores la devuelvan con comentarios, por ello se considera que deben buscarse mecanismos alternos que garanticen consolidar los avances que se lograrían con esta reforma, tales como la elaboración de dictámenes separados, o bien propuestas a nivel reglamentario”, señalaba el documento de Hacienda, firmado por Raúl Abraham Gómez Ramírez.

Los “mecanismos alternos” que sugirió Hacienda coincidieron con los propuestos por poderosas empresas como Avantel —la telefónica de Roberto Hernández donde trabajó Gil Díaz—, el Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas —en que Televisa participa activamente—, y Telefónica Movistar, la compañía rival de Telmex que actualmente es dirigida por el propio Gil Díaz.

Las coincidencias con Gil Díaz no fueron gratuitas. Proceso tiene en su poder copia de un documento del 25 de septiembre de 2006, enviado por Verónica Gómez Ferro a los socios de Telefónica Movistar, en que se confirma que el entonces titular de Hacienda exentó a esta firma del pago de roamming internacional, lo que le permitió ser “la primera y única compañía telefónica inalámbrica mexicana que no aplicará ninguna tarifa de impuesto” por proporcionar dicho servicio.

Actualmente, Gil Díaz es ‘CEO’ de Telefónica Movistar, mantiene su vínculo con Roberto Hernández, el segundo accionista principal de Televisa, y planea diversas inversiones conjuntas con el consorcio de Azcárraga Jean para competir con Telmex.

El avance de esta empresa en el terreno del triple play se anunció esta semana, pese a que la Suprema Corte no ha definido la constitucionalidad de la ley Televisa:

La empresa Cablevisión anunció el 9 de mayo a sus accionistas que el gobierno federal le otorgó una concesión para ofrecer servicios de telefonía a partir del tercer trimestre del año.

Informes bursátiles revelan que el posible socio en esta operación sería Telefónica, la empresa dirigida por Gil Díaz. Cablevisión se convierte así en la primera subsidiaria de Televisa y en la primera firma de televisión por cable que obtiene la autorización para ofrecer servicios de telefonía fija, en el marco del llamado “Acuerdo de convergencia”.

Este acuerdo, aprobado en octubre de 2006, también es puesto en tela de juicio en el proyecto de resolución del ministro Salvador Aguirre Anguiano.

Otros negocios entre Telefónica y Televisa son la posible adquisición de Amnet, red de empresas de televisión por cable con presencia en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

Refrendo automático, medios públicos y publicidad electoral

En medio de esta recomposición de alianzas empresariales y de nuevas presiones vía la cámara que agrupa a concesionarios, el equipo de abogados de los 47 senadores que impugnan la ley Televisa, insistirán ante los ministros de la Suprema Corte la necesidad de decretar como anticonstitucional el mecanismo de “refrendo automático”, avalado en el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Por ello el exsenador priista Manuel Bartlett precisó que el refrendo automático se contrapone al artículo 28 de la misma ley y al marco legal en telecomunicaciones. “Es la principal contradicción que existe en el proyecto de sentencia”, argumentó.

Por su parte, Carlos Sotelo, actual presidente de la Comisión de Radio y Televisión en el Senado, consideró que “es lo más grave” de la resolución, porque “transgredió la soberanía nacional”.

“Si los ministros no derogan lo sustantivo de la ley Televisa, como es el refrendo automático, todo lo demás es maniobra mediática”, sostuvo Sotelo, senador del PRD, en entrevista telefónica con Proceso.

No obstante, anunció que independientemente de cómo resuelva la Suprema Corte, ya preparan en el Senado una nueva ley de medios públicos, la que incorporará a los más de 200 sistemas de televisión y radio permisionados que pertenecen a la Red de Medios Públicos.

Informó que esta iniciativa incorporará también las demandas de las radios comunitarias y de las radios independientes que han sido excluidas de los beneficios de la ‘transición digital’, y de la posibilidad de dar servicios alternativos de telecomunicaciones.

A su vez, el presidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Steve Buckley, entregó el 9 de mayo una carta a los ministros de la Suprema Corte, en la que establece que las modificaciones que ordene el Poder Judicial a la ley Televisa “son centrales para la vida democrática del país”, y que este organismo con presencia en más de cien países “seguirá con suma atención la discusión al respecto”.

A su vez, organismos ciudadanos como el Centro Nacional de Comunicación Social AC, Incide Social y Fomento Cultural enviaron a los ministros su posición, en que demandan avalen la inconstitucionalidad de cuatro artículos (16, 17-G, 28 y 28-A) y que desaparezca la figura del “refrendo automático”.

Exhortan a la Corte para que “no forme parte de ese grupo de instituciones políticas que han llevado a aprobar una ley que vulnera derechos ciudadanos”.

En relación con el tema de la propaganda electoral, tanto Bartlett Díaz como Sotelo y Carlos Rojas consideraron que si la Suprema Corte mantiene la posibilidad de que sean los candidatos y no los partidos quienes contraten directamente los espacios con las televisoras, este ordenamiento puede modificarse en la próxima reforma electoral.

Rojas presentó en la Cámara de Diputados —desde octubre del 2006— una iniciativa para adicionar los artículos 190 y 191 de la ley electoral, así como el 50 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el fin de prohibir que los tiempos oficiales en radio y televisión sean utilizados por el presidente de la República y otras dependencias federales durante la campaña electoral, y en consecuencia se le destinen al IFE para la publicidad gratuita de los candidatos.

“Si hacemos una reforma, esto te da para varios spots, y por lo menos para tres debates televisivos sin que le cuesten a los mexicanos. El PRI debe cumplir esta propuesta que se aprobó en su asamblea del 3 de marzo de este año”, advirtió Rojas.