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Miguel Sarre, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) —el cubil de los tecnócratas neoliberales—, justificándola con “investigaciones contra delincuentes ligados al narcotráfico”, propuso la suspensión de garantías constitucionales en el país, como si las represalias de los narcos estuviera diezmando a la población civil, y no se dirigieran específicamente a militares, policías y traidores, ni fueran resultado de las torpezas con que se ataca un mal en sus efectos, dejando intactas sus causas.
En efecto, el artículo 29 constitucional establece que ''en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de la República, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la PGR, y con aprobación del Congreso de la Unión, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías". Peligroso poder para un gobernante espurio.
Es necesario considerar que, como en las pasadas elecciones de donde salió la imposición del nuevo “gobierno de la continuidad” —cuando Fox, Calderón y “las instituciones” se escudaron tras la letra exacta de la ley electoral para negarse al recuento de votos que descubriera sus trampas—, la Constitución SÓLO menciona tres razones, cuando dice claramente que en los casos de:
1) Invasión, se entiende que de una potencia extranjera contra suelo patrio, la que ya es permitida en todos los órdenes por el mismo gobierno;
2) Perturbación grave de la paz pública, supuesto que no se da pese al descontento extendido contra las medidas económicas “con rostro humano” del espurio continuador del empobrecimiento; y
3) Cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, categoría en la que podría caer el momento actual, pero que nace con el surgimiento de la “popularidad” en encuestas y televisión del hoy considerado “presidente de la República”, quien dio origen a “los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la PGR”.
O sea, la causa del grave peligro o conflicto es el mismo gobierno que puede suspender las garantías individuales. Por tanto, debería renunciar.
El narcotráfico, al que se quiere poner como la causa que pone a la sociedad en grave peligro o conflicto, nació, creció, prospera y se nutre de la impunidad que le han dado los sucesivos gobiernos neoliberales, para quienes la acumulación y manejo de grandes capitales —sin considerar sus fuentes originarias y nutricias— es lo único que cuenta como factor económico, por su repercusión en los indicadores macroeconómicos.
Y es ahí donde se ubica el “talón de Aquiles” del crimen organizado que el gobierno conoce y encubre: en los circuitos financieros, donde se “lavan” cuantiosos capitales en las famosas “mesas de dinero” bancarias, las especulaciones bolsistas libres de impuestos, consolidaciones contables (unas empresas ganan, otras pierden, en grandes conglomerados), etcétera.
Si el gobierno en verdad quisiera combatir al narcotráfico, no necesita emplear al Ejército y la Marina, ni armar tanto aspaviento. Con sólo un buen trabajo de inteligencia (espionaje bien enfocado y discreto), se conocerían al detalle sus “líneas de abastecimiento” oculto, para cortarlas de un solo golpe efectivo, o dicho de otro modo, se le pegaría bajo su línea de flotación y se hundiría inevitablemente.
Pero acabar al narcotráfico significaría terminar con una fuente de financiamiento político invaluable para quienes se dedican de tiempo completo a la política, ya sea para trepar o para sostenerse, además de que su fin repercutiría en los indicadores financieros que se desplomarían ante un súbito recorte. En México, como en Estados Unidos, el dinero ilícito aceita muchos engranajes de las élites financieras y políticas que seguramente conocen y se benefician de las “líneas de abastecimiento” de socios y patrocinadores, por lo que no les conviene tocarlas.
Por eso los contragolpes del narcotráfico —enfocados a policías, ajustes de cuentas entre iguales y ahora a militares, aunque ocasionalmente puedan llevarse a algún civil inocente— sólo son producto lógico de un ataque inoportuno, errático y torpe, emprendido con un ostentoso aparato militar, que sólo incomoda por igual a delincuentes y a ciudadanos pacíficos y ajenos por completo al hampa, pero a ésta sólo le trastorna temporalmente el negocio, por la exposición pública que sufre, pero sin perjudicarla verdaderamente ni tocarla en su interior. O sea, meros rozones.
Sin embargo, las violentas represalias del narcotráfico son motivo suficiente para que la ultraderecha autoritaria clame por la dureza de mano —no contra los verdaderos causantes de la violencia, sino contra TODA la población, pues eso y nada más es una SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS—, y la imposición de una dictadura (al estilo Pinochet en Chile) donde prosperan más los ya prósperos; se practica el genocidio contra opositores al gobierno, a la iglesia y a “las buenas costumbres”; y se facilita la entrega del país y sus recursos naturales a la depredación extranjera.
No nos hagamos majes. Los operativos “anti-narco” los inició el gobierno espurio como forma de montar rápidamente una profusa campaña mediática nacional e internacional, para posicionar al discutido nuevo “presidente Calderón” como un mandatario firme, decidido, valeroso, popular, y contrarrestar el evidente, poderoso e indiscutible liderazgo del indoblegable “perdedor” López Obrador.
El fantasma del Peje no le deja tranquilidad a Calderón y le hace cometer —y aceptar de sus consejeros— muchas torpezas, que sus patrocinadores quieren ocultar mediante otro golpe de Estado, éste sí más cruento y escarmentador, que lleve al genocidio de más de medio país que se les opone activamente. Para ellos, “muerto el perro (de la disidencia) se acabó la rabia”.
Al cabo que con los capos de la droga —como con el PRI y su “chiquillería”— es mucho más sencillo tratar y son más accesibles y fáciles de convencer, para llegar a acuerdos mutuamente convenientes, pues “perro no come carne de perro”.
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