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El combate al narco que le sirve a Felipe Calderón para justificar el millonario gasto en la milicia y congraciarse con las Fuerzas Armadas a fin de que lo sostengan en su usurpación, sólo es un espejismo distractor.
Hay un despliegue millonario de recursos militares, espectaculares anuncios por televisión y prensa sobre confiscación de pacas de marihuana, quema de plantíos de marihuana y algunos de amapola... Pero ningún embarque de cocaína confiscado, ni una sola tonelada del polvo blanco incautada, ningún laboratorio de procesamiento de crack, ice o crystal (las nuevas exigencias de los consumidores norteamericanos) destruido.
Peor aún, ningún capo detenido, procesado y realmente castigado para demostrar que no se tolera la impunidad. Pura “morralla” presentada como joyas de la delincuencia. Desconocidos que de pronto son importantes, porque fueron capturados. Pero los importantes conocidos siguen a salvo, gracias a los cuantiosos pagos que hacen por los servicios de sus personeros en el gobierno, no sólo en el Ejecutivo, sino en los otros poderes, gubernamentales y fácticos.
En suma, nada. Cero. Puros “infiernitos” para tanta pólvora. Sólo fuegos de artificio respecto al narcotráfico. Verdad monumental sobre la represión social para retener un cargo usurpado.
Esta verdad aflora en documentos oficiales sobre los acomodos que hoy registran los distintos cárteles de la droga en México, como resultado de la alteración de sus estructuras directivas y los cambios en el mercado de consumo tradicional de Estados Unidos y la expansión del mercado en Europa. Todos siguen el ejemplo gubernamental (¿o será al revés?), luchando por la propia hegemonía y la extinción total del adversario.
Los reportes de inteligencia del gobierno mexicano revelan que la escalada de violencia atribuida a narcotraficantes, son resultado del encarnizado combate por territorios desde los cuales mantener y acrecentar el lucrativo tráfico de estupefacientes. Tales informes atribuyen esa violencia a un grupo de Los Zeta, brazo armado del Cártel del Golfo, integrado por desertores de las fuerzas especiales del Ejército y la Armada mexicanos, que sin la dirección de Osiel Cárdenas Guillén, extraditado a Estados Unidos, pretende asumir el control abandonado.
La dureza y saña de Osiel Cárdenas servía de aglutinante y rienda firme de las distintas facciones delictivas surgidas en el auge del narcotráfico. Pero puesto fuera de circulación el antiguo jefe, al que nadie se atrevía a retar —pues los pocos que lo intentaban recibían la nada grata visita de Los Zeta—, todos quisieron llenar sus zapatos abandonados, incluidos los anteriores “ajustadores” de cuentas.
Miguel Treviño Morales, en Nuevo León; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, en Matamoros; Gregorio, El Goyo, Sauceda Gamboa y su hermano Arturo, en Nuevo Laredo; Arturo Basurto Peña, El Grande, e Iván Velásquez Caballero, El Talibán, en las zonas de Quintana Roo y Guerrero, son algunos de los nombres en el reporte de las agencias de inteligencia gubernamental, junto con Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, hasta hace unos meses jefe del brazo armado del cártel del Golfo, quien opera desde Tamaulipas y pretende controlar Guerrero, Michoacán, Distrito Federal y Morelos, y busca apoderarse de manera plena de los puntos de envío hacia Estados Unidos desde Tamaulipas.
El que permanece bajo relativa discreción, sin sufrir los embates de la decidida acción gubernamental, es el cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán, quien en todo el sexenio de Vicente Fox y en lo que va de éste, no ha podido ser reaprehendido desde su fuga de Puente Grande. Respetado por el gobierno foxista, El Chapo lleva una “respetuosa” y lucrativa convivencia con el cártel de Juárez, pues el operador del Chapo, Ismael, El Mayo, Zambada mantiene buenas relaciones con Vicente Carrillo Fuentes, Vicente Carrillo Leyva (hermano e hijo, respectivamente, de Amado Carrillo) y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, protegido del ex-gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, protegido a su vez, por el hoy líder del PAN en el Senado, Santiago Creel Miranda.
Como ya se ha señalado en innumerables ocasiones, el verdadero problema está en otro lado, causado por otra gente, no por los pacíficos ciudadanos que sufren barricadas, retenes, interrogatorios absurdos y humillantes de parte de la tropa irreflexiva.
Si el gobierno mexicano realmente quisiera combatir al enorme negocio del narcotráfico, actuaría calladamente en las mismas sombras en que se mueven los narcos, antes de asestarles golpes precisos y contundentes, sin andar anunciando “operativos” inútiles, exclusivos del consumo mediáticos y para engañar a ingenuos.
Pero, lo más importante, acabaría con la impunidad de “los protectores” que conservan sus posiciones políticas de privilegio, santiguándose con la derecha mientras con la izquierda reciben buenas comisiones del ilícito negocio.
¿De verdad se quiere combatir al narcotráfico? Que se exija a Estados Unidos que coarten el consumo de sus ciudadanos, que impidan el blanqueo del dinero sucio en sus circuitos financieros.
¿Quieren acabar con el narcotráfico en México? Supriman la impunidad de “los protectores” del negocio, disfrazados de ex-presidentes, gobernadores, senadores, diputados o influyentes abogados, paradigmas de negociadores de alto nivel, que se mueven en círculos exclusivos.
De ahí deriva el auge de los estupefacientes. Que no podrá acabarlo ningún Ejército, Armada o Fuerza Aérea, por muy poderosa que sea, pues siempre siguen órdenes de un civil que goza de impunidad. Y ahí es donde se origina todo.
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