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por Fausto Fernández Ponte
I
El gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa local se aprestan a la consulta popular acerca de las iniciativas de ley en materia del régimen constitucional del usufructo del petróleo, propuestas por el Presidente de Facto Felipe Calderón.
En síntesis, las iniciativas del señor Calderón sometidas a la consideración del Senado pretenden modificar el marco constitucional y ciertas leyes reglamentarias, para que los particulares inviertan en petróleo y gas, y lucren de ello.
El punto axial de discrepancia es precisamente el de la naturaleza jurídica actual del patrimonio petrolero, pues éste es un bien social, propiedad de la nación --de todos los mexicanos-- y, por lo mismo, vedado al egoísmo del aprovechamiento particular.
Por supuesto, es práctica aceptada en México que un inversionita de capital privado recupere éste luego de invertido y obtenga, además, ganancias, siempre y cuando éstas provengan del beneficio de un bien particular, y no de uno social.
Mas esa práctica, si bien es intrínsecamente inmoral --explotar para usufructo personal un bien social-- y sin eticidad concomitante, es corriente en materia del disfrute del patrimonio nacional. Tal práctica de lesa patria existe de hecho desde 1982.
Ante ello, supónese que no serían pocos los ciudadanos proclives a aprobar propuestas para formalizar de derecho, una práctica de hecho. Legalizar, pues, lo ilegal. Esa racionalidad es, sin duda, la que preside las iniciativas calderonistas.
II
Sin embargo, la cosa no es de tanta simpleza. Legalizar lo ilegal en materia de usufructo privado de un patrimonio social es de gran complejidad filosófica, ideológica, política, histórica, sociológica, antropológica e incluso cultural. E identitaria.
Ello trasciende los aspectos técnicos, de por sí igual de complejos, del asunto a consultarle a la ciudadanía. Para empezar, la consulta misma no es vinculante en su sentido jurídico-político; es sólo modalidad y estilo de hacer política.
Tales peculiaridades no son óbice, en ningún sentido, para la consecución táctica de los fines estratégicos, macro y microcósmicos, de la consulta: influir en quienes por ministerio constitucional deberán aprobar o rechazar las propuestas.
Así, el objetivo estratégico a corto plazo --micro-- son los diputados y senadores, proclives, por una miríada densa de motivos --desde el ideológico hasta el crematístico o mercenario--, a aprobar las propuestas del señor Calderón.
En contraste acusado, el Presidente de Facto y los legisladores afines --los del PAN, PRI y ciertos partidos enanos-- han descalificado a priori el ejercicio mero de la consulta y sus posibles resultados. No se sienten presionados.
Esa actitud subestimadora del ejercicio democrático de la consulta popular --contemplado en varias constituciones locales y en la federal-- es arrogante y ofende, por lo mismo, la sensibilidad ciudadana. Confirma la espuriedad del Presidente.
III
Ésto nos lleva a las preguntas que se le harán a la ciudadanía en la consulta popular, elaboradas por un comité de notables --juristas expertos-- apartidistas, y aceptadas por el Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard.
Las preguntas son sencillas --que no se reproducen aquí por estar muy difundidas y ser muy conocidas--, pero su sencillez no garantiza su comprensión, sino lo opuesto. Incurren en definir en lo genérico, propuestas que son específicas, aunque sean falaces.
Así es. Las propuestas de don Felipe no son, en rigor, en materia energética, sino exclusivamente en cuanto al régimen contitucional de usufructo del beneficio --en todas sus fases-- del petróleo y gas, e incluiría, por ello, la petroquìmica.
En una pregunta --la primera de las dos-- se enuncia que el beneficio del petróleo y el gas, desde su explotación hasta su refinación, son actividades exclusivas del gobierno. No, no lo son. Son exclusivas del Estado. La distinción es legal.
Y cualitativa, fundamental. ¿Por qué? El asunto a consultarse es una acción congruente, en lo procesal, con paradigmas dados. El Presidente, aun en el caso de que sea espurio --como sin duda lo es--, somete a otros órganos del Estado una propuesta.
La propuesta, desde luego, puede ser descrita como un juicio de valor, como un golpe de Estado o como una intentona de contrarreforma o incluso, si así es dable, como una acción constitucional con guisas y fines inconstitucionales.
Las preguntas exhiben partidarismo. El uso del vocablo "gobierno" y no "Estado", identifica al PAN, agrupación política vinculada, como el PRI de los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, al AntiMéxico.
ffponte@gmail.com
Glosario:
AntiMéxico: opuesto a México y los mexicanos. Contrario por omisión o comisión a los intereses estratégicos, históricos y actuales, de México.
Dable: hacedero, posible.
Óbice: obstáculo, pretexto, motivo, razón.
Procesal: perteneciente o relativo a un proceso. En derecho, legitimación.
Lesa Patria: lesiva a la patria. De latín "leso": agraviado, lastimado, ofendido.
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