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por Fausto Fernández Ponte
I
Circula en los cenáculos de los poderes formal --el del Estado-- y fácticos de México un borrador de cien preguntas y otras tantas respuestas acerca de las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia penal.
En el documento --de presumible autoría gubernamental-- adviértese, de primera intención, un propósito loable: disipar las dudas razonables que existen en círculos políticos y sociales acerca de los alcances de las llamadas reformas judiciales.
Y, en efecto: el documento recoge inquietudes y da respuesta aparentemente puntual a éstas, utilizando a veces un lenguaje leguleyo y en otras un léxico que préstase a una comprensión ambigua de las reformas, con margen a cierto tipo de equívocos.
Empero, predomina lo directo, lo cual induce a suponer que los destinatarios reales de ese documento podrían ser, en realdad, los legisladores, un grueso mayoritario de los cuales muestra --no sin patetismo-- carencias en materia de comprensión conceptual.
El documento debiere difundirse masivamente, para salirle al paso a las conturbaciones, a nuestro ver legítimas, de no pocos ciudadanos acerca de las reformas a la Constitución para ampliar las facultades coactivas del Poder Ejecutivo del Estado.
Pero disipar dudas, conturbaciones y, desde luego, la evidente preocupación general del interés público y algunos legisladores, requiere plantearse --sin sofismas reales, supuestos o inferidos en los ámbitos gubernamentales-- otras preguntas esenciales.
II
Y no sólo eso: amén de las preguntas, el Poder Ejecutivo tiene que dar respuestas adecuadas en lo semántico, lo idiomático y lo conceptual, más allá de la lingua franca jurídica y de los sobreentendidos de la polìtica, inasible a la ciudadanía.
Debe evitarse confundir --y ese documento confunde-- no sólo a los muchísimos legisladores de baja escolaridad en temas históricos, sociales y constitucionales, sino principalmente a la ciudadanía en general.
Esta última --la ciudadanía-- ha dado muestras nítidas de sus dudas, conturbaciones y preocupación por las reformas judiciales. En el documento esos anhelos son soslayados; no hay propuestas específicas que respondan a las inquietudes.
Esas inquietudes parecen generalizarse. No se responden creíblemente las preguntas que tales inquietudes inspiran, acerca de la ausencia de propuestas concretas del Poder Ejecutivo en lo que es la preocupación conturbadora y dubitativa mayor.
Así es. En el entorno de desconfianza generalizada (y creciente, según ciertos indicios objetivamente discernidos) acerca de las intenciones y conductas del poder formal, la sociedad es reacia a extenderle un cheque en blanco al gobierno.
En efecto. Los abusos --agravios a particulares y grupos sociales, políticos e incluso étnicos/culturales-- al aplicar las leyes actuales son constantes y documentados con amplia fehacencia, sin contrapesos reales ni vigilancia rigurosa.
III
De hecho, a la ciudadanía --y, en un sentido más extendido, la sociedad y el pueblo de México-- no parecen satisfacerle los comportamientos justificantes y pseudopaliativos de los abusos de militares y policías en detrimento del interés civil.
Es percepción pública que la intencionalidad aviesa en la aplicación de las facultades coactivas del Estado se ahonda. No se percibe que se trata sólo de someter la vertiente más violenta del crimen organizado, sino reprimir al descontento social.
¿Qué instancia o mecanismo ad hoc evitaría o impediría, sancionaría
o castigaría los abusos que por omisión y yerro, o por comisión (premeditamente), se cometerían al aplicar las reformas constitucionales en agravio de terceros?
Predeciblemente, los mexicanos, al parecer en su gran mayoría, no muéstranse inclinados a aceptar ser víctimas colaterales de las actuaciones del poder formal contra aquella vertiente tan corrosiva del crimen organizado. Dúdase de las motivaciones.
La reticencia de los mexicanos tiene por origen, sabríase, la propia magra credibilidad moral y diríase también que ética del poder formal; éste deviene de una representatividad muy cuestionada por no haber sido la secuela de un contrato social.
Sábese que el Ejecutivo tiene los votos en el Legislativo para promulgar las reformas constitucionales citadas. Pero más que tratar de inducir, la vía aconsejable para la credibilidad es la plebiscitaria. Plebiscito sin fraude. Contando voto por voto.
ffponte@gmail.com
Glosario:
Aviesa: torcido, fuera de regla.
Fehaciente: que hace fe. Fidedigno.
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