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por Fausto Fernández Ponte
I
Es obvio, a nuestro ver, que las reformas constitucionales en materias electoral y fiscal tienen por móviles la consecución de beneficio político y, diríase también, crematístico —monetario—, para las élites del poder corruptas y recursivas.
Esas reformas son, por ello, expresión de la cultura correspondiente y atañedera. Los móviles definen la naturaleza de dichas reformas que se exhiben, a plenitud, ajenas al interés del pueblo de México y de la ciudadanía, al interés social, pues.
Despulpemos, a seguidas, estos tópicos. Véase, primero, lo de la reforma electoral, cuyos logros, si bien se emblematizan en la acotación del papel arbitral de facto representado por los medios de difusión radioeléctrica, se nos muestran como una simulación:
Cierto es que la difusión pagada de acciones de proselitismo paraelectoral y electoral se hará en los tiempos oficiales del Estado, controlados por el Instituto Federal Electoral, pero también es cierto que existen atajos.
Uno de esos atajos es la ausencia de mecanismos auditores y contralores del IFE en el uso y destino de los dineros asignados a los partidos políticos. Esos recursos podrán ser ejercidos a discreción, incluyendo las modalidades de compra de sufragios.
II
Esto nos lleva a la cuestión central —toral— del proceso electoral, más allá de la tesis de que el dinero público o privado influye en el desenlace de los comicios mediante la difusión pagada a favor o en contra de candidatos y partidos.
La cuestión central no es, precisamente, cómo los medios difusores que usan, concesionariamente, un bien propiedad de la nación como es el espectro radioeléctrico, influyen en elecciones, sino cómo se cometen fraudes en urnas y cómputos y en tribunales.
En efecto. En la reforma electoral no se establecen mecanismos para impedir fraudes electorales —como el del 2 de julio del 2006— ni su tipificación perentoria y las sanciones acreedoras y/o aplicables a los casos específicos.
Tampoco se establecen mecanismos para evitar transvestismos en las premisas y silogismos de los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como los de agosto de 2006, que invistieron al ciudadano Calderón como Presidente de Facto.
La reforma electoral consolida lo que conócese coloquialmente como partidocracia. Los partidos dispondrán de recursos líquidos en generosa suficiencia y no tendrán que rendir cuentas. Y sólo ellos postularán candidatos. No hay candidaturas independientes.
III
Otras formas de democracia participativa son francamente ignoradas en la reforma. Tampoco existen vías para revocar mandatos a gobernantes ineptos y/o bribones. Es una reforma a modo de las élites para perpetuarse, precisamente, en el poder.
Y acerca de la reforma fiscal, un análisis a fondo de sus causales llevaría a concluir que es una socaliña para exaccionar aun más al contribuyente y, en un sentido más perverso, a esos segmentos marginados de la población, que conforman mayoría.
El aumento disfrazado de impuestos —el gasolinazo, por ejemplo— generará 117 mil millones de pesos que se ejercerán en monstruoso dispendio en el gasto corriente del Estado. La alternativa práctica de austeridad ni siquiera se planteó.
Ambas reformas no son manifestaciones de avance hacia la concreción del ideal democrático —que es un anhelo caro del pueblo de México—, sino lo opuesto: retroceso hacia la antidemocracia bajo atuendos falsos, sofistas y aparentes.
Las élites del poder ahondan y extienden más sus raigones y multiplican sus efectos, a costa de los intereses de la ciudadanía, la cual agravian con cinismo e impunidad. Las élites sólo usan aviesamente y abusan del pueblo.
ffponte@gmail.com
Glosario:
Invistieron: del verbo investir: Dar investidura a alguien.
Raigones: raíces.
Socaliña: engaño. Truco. Ardid.
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