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por Fausto Fernández Ponte
I
Las consecuencias de las acciones político-militares del Ejército Popular Revolucionario —como es la destrucción de infraestructura estratégica del país, v. gr., los ductos de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos— se han dejado sentir:
1) En el abasto de gas natural a industria y hogares. Incluso la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad ha advertido que las acciones del EPR podrían, de continuar, provocar un apagón generalizado en el centro del país.
2) En la vertiente legislativa del Estado mexicano, la cual ha planteado, aunque informalmente, la propuesta de crear una comisión en el Senado para dialogar con el EPR y grupos similares y/o afines. La vertiente ejecutiva ha rechazado la propuesta.
3) En la actitud al parecer indiferente, pero de expectación pasiva, del pueblo de México con respecto a las actividades del EPR. El pueblo no ha condenado las acciones guerrilleras ni ha expresado apoyo a las respuestas represivas del Estado.
II
Antes de proseguir con el tema, acláresele a ciertos leyentes que, contrario a sentires expresados epistolarmente, este escribidor no preconiza ninguna modalidad armada para transformar a México, sino que sólo explica causales y efectos de dicha vía.
Y explicar didácticamente motivos y consecuencias e identificar los componentes del contexto socioeconomico y sociopolítico del país dentro del cual ocurren las acciones político-militares del EPR es, precisamente, nuestro oficio.
Esta aclaración es pertinente dadas las reacciones de no pocos leyentes dirigidas a este escribidor con lenguaje soez e insultante. Explicar hechos y sucedidos desde perspectivas historicistas no tiene nada que ver con la comisión de aquellos.
Hecha esta advertencia, prosigamos, pues: las reacciones de la vertiente legislativa del Estado al quehacer político-militar del EPR nos indicaría que aquél —el Estado— acusa discrepancias internas con respecto a la cuestión de la guerrilla.
III
Esas discrepancias tienen orígenes variopintos. Una, la de los imperativos partidistas. El Partido Revolucionario Institucional —agrupación afincada en la derecha moderada— preconiza dialogar con el EPR por oposición al Partido (de) Acción Nacional.
El Partido de la Revolución Democrática —corroído por hondas incongruencias ideológicas y políticas y venalidad— también apoya dialogar con el EPR por conveniencia partidista, más no por vocación social. El PRD, como el PRI, no es un partido social.
El Presidente de Facto, cabeza formal del Estado, rechaza dialogar y califica, formalmente, de organización terrorista al EPR, no obstante que la definición jurídica no se corresponde. El grupo guerrillero reivindica un derecho humano axial.
Cierto. El EPR exige liberar a dos miembros secuestrados y desaparecidos por el Estado —o una instancia de éste— en mayo, como recrudecimiento de la guerra sucia —iniciada en 1965 por Gustavo Díaz Ordaz— contra disidencias activas.
Este episodio tiene un bastidor de fondo macabro: la represión del Estado mexicano encabezado por el Presidente de Facto es brutal: unos 250 desaparecidos y unos 500 presos políticos acusados de una equivalencia a disolución social y terrorismo.
ffponte@gmail.com
Glosario:
Bastidor de fondo: telón en un escenario teatral.
Díaz Ordaz, Gustavo: Presidente de México de 1964 a 1970. Su gobierno se caracterizó por una feroz guerra sucia detonada por el asalto guerrillero al cuartel militar en Ciudad Madera, Chihuahua, el 24 de septiembre de 1965. El grupo guerrillero era encabezado por Arturo Gámiz García y Pablo Gómez Ramírez.
Disolución social: conjunto de delitos tipificados desde 1941 en elos artículos 145 y 145 bis del Código Penal. En los citados artículos se definía como perturbación del orden público ciertos actos políticos tendían a producir rebelión, sedición, asonada o motín. Esas leyes fueron derogadas en 1970.
Guerra sucia: denominación de una estrategia de represión de disidencias activas mediante el empleo ilegal de la fuerza armada, militar y/o policiaca y/o paramilitar, desatada por el Estado mexicano desde 1965 a la fecha. En esa guerra sucia se insertan varias matanzas, principalmente la de Tlaltelolco (unos 400 muertos y desaparecidos) el 2 de octubre de 1968, atribuida al Estado Mayor Presidencial, y la del Jueves de Corpus (unos 40 muertos y decenas de desaparecidos) el 10 de junio de 1971, atribuida al entonces a un grupo paramilitar, el de Los Halcones, durante el sexenio de Luis Echeverría, posteriormente acusado (y exonerado) de genocidio. Persiste la convicción generalizada de que cada sex3enio ha tenido su matanza.
V. Gr.: verbi gratia. A saber. Por ejemplo. Exempli gratia.
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