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por Eddy Torzón
Llenos de soberbia por sentirse dueños del país y del pelele que sentaron en la silla presidencial, los magnates y manipuladores (nunca comunicadores) de la televisión y radio se presentaron primero ante los senadores para "exigir" que se les respetara su privilegio de cobrar lo que fuera a fin de manipular a la opinión pública y decidir quién sí y quién no resulta electo.
Como los senadores los escucharon y toleraron, aun con los gritos histéricos de Ferriz de Con, pero no hicieron lo que la CIRT (o Cámara de la Industria de la Radio y Televisón) exigía --parar en seco el dictamen, según ellos para "enriquecerlo", como hicieron en la Ley Televisa tachada de inconstitucional por la Corte-- y aprobaron no sólo el dictamen sino la iniciativa, ahora los "cúpulos" piden audiencia a los diputados, según se dio a conocer.
El problema, igual que con el Senado, es que los magnates de televisión y radio confunden términos y la "audiencia" la entienden como "obediencia". O sea, que esperan que lo que pidan, se les conceda en automático. De otro modo, como han dicho los noticieron de Televisa y TVAzteca, es "sólo un engaño".
Haciéndose víctimas, alegan haber sido "invitados" al Senado (cuando ellos exigieron la audiencia para oponerse al trabajo legislativo) sólo para ser "engañados" por la "partidocracia" que "tiene como rehén a la sociedad". ¡¡POR FAVOR!!
Quienes hayan visto tal sesión de comisiones unidas en que se dejó hablar a ciudadanos que representaban intereses particulares, NO CIUDADANOS, habrán podido ver la forma grosera en que el presidente de la CIRT, Enrique Pereda, le arrebató la conducción de la sesión a Pedro Joaquín Coldwell, para empezar a repartir turnos a la claque que llevaba. Obviamente ignoraron las reglas elementales de cortesía en casa ajena y pisotearon la dignidad de una de las "instituciones" que supuestamente han defendido.
Ahora, cuando ven que se les viene encima un nuevo ordenamiento que sustituya a la anticonstitucional Ley Televisa, lejos de entrar a razonar con los legisladores, emprenden una grosera campaña golpista (como la intentada en Venezuela contra Hugo Chávez), mal usando y abusando de un bien público, concesionado para su lucro, pero que consideran suyo de siempre y para siempre.
Todo hace suponer que estamos ante la incitación abierta (con pretextos diversos) a un golpe de estado mediático.
El problema, a diferencia de Venezuela, es que el poder formal no lo tiene un mandatario legítimo, sino un débil usurpador que si ya se inclinó ante estos magnates y manipuladores una vez, seguramente volverá a hacerlo, a cambio de vender a su partido otra vez al mejor postor.
Sólo para el gobernante espurio, cualquier audiencia a sus patrocinadores implica obediencia.
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