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por Fausto Fernández Ponte
I
El 8 de abril de 2005, Raúl Gibb Guerrero, propietario del diario La Opinión, de Poza Rica, Veracruz, fue asesinado a balazos en una emboscada. Su muerte movió a indignación allende los confines de la región del norte veracruzano y sacudió al país.
Y no es para menos. A los periodistas mexicanos suele angustiarle acusadamente los homicidios en el gremio, pues piénsase que estos son la censura extrema para acallar para siempre a quienes ejercemos el oficio de difundir hechos y sucedidos, opiniones e ideas.
Menciónese que durante el sexenio de Vicente Fox, 27 periodistas fueron asesinados, secuestrados o desaparecidos, sin que esos hechos delictivos hayan sido aclarados o resueltos por las autoridades federales y locales.
En Veracruz, la persecución —con su secuela de represiones, intimidaciones, amenazas e inclusive asesinatos— a periodistas se ha acentuado en los últimos ocho años, desde el sexenio de Miguel Alemán Velazco y el que corre, de Fidel Herrera Beltrán.
Esta realidad ha tenido como consecuencia que organismos internacionales —como las Naciones Unidas— y no gubernamentales identifiquen a México como el país que, después de Irak, es el más peligroso para ejercer el oficio de difundir.
Mas volvamos al asesinato de Gibb. Por tratarse del dueño de un medio de difusión, este caso de censura extrema fue comprendido por muchos en México como un precedente ominoso de advertencia a todos aquellos propietarios de vehículos difusores.
Señálese que no pocos de esos propietarios de medios difusores son periodistas, aunque la mayoría de aquellos son empresarios quienes, empero, ponen en riesgo su propia vida e intereses al ejercer la difusión de ciertos hechos y sucedidos.
II
Subráyese que la muerte de Gibb —hombre de prominencia acusada y enorme influencia en la vida social, económica y política regional— adquirió predeciblemente visos de un asunto político. El propio gobernador Fidel Herrera empeñó su palabra en aclararlo.
Así, el homicidio fue investigado bajo esa premisa por las autoridades competentes, encabezadas por el mismísimo procurador general de justicia del estado de Veracruz, Emeterio López Márquez. Empero, ese crimen no ha sido aclarado a cabalidad.
El procedimiento judicial, que es de oficio, ha dejado sueltos —sin atar— muchos cabos. Desde la pesquisa inicial misma se advirtieron y registraron manifestaciones de que el homicidio del periodista pozarricense quedaría impune.
Y así ha sido. El procedimiento de oficio no ha discernido la identidad de la autoría intelectual y material del asesinato. Tampoco ha discernido los móviles. En igual vena, no se ha discernido la identidad de quiénes pudieron haberse beneficiado de ese asesinato.
Muchas, pues, son las interrogantes en el éter, sin indicios de que las autoridades competentes estén inclinadas a darse a la búsqueda acuciosa y puntual —responsable, diríase— de respuestas. La omisión antójase intencionada.
Las interrogantes sin respuesta atizan las fogaratas de las dudas y, desde luego, las suspicacias e, inevitablemente, las especulaciones, las cuales se dan en un entorno de silencio gubernamental que despide un tufillo de complicidad. Ese silencio es ominoso.
III
Pero héte aquí que otro periodista veracruzano, Martín Serrano Herrera, propietario del Diario Tribuna, que se publica en Xalapa, la capital de Veracruz, ha denunciado en las páginas de su periódico un discernimiento de sospechas fundadas, a saber:
1) Que el asesinato de Gibb "habría sido ordenado desde el Palacio de Gobierno" del Estado de Veracruz en Xalapa, por funcionarios y ex funcionarios en la administración del gobernador Herrera Beltrán.
2) Esta hipótesis está consignada en la causa penal 117/2006, del 7 de abril del mismo año, radicada en el juzgado 1o. de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, en Pacho Viejo, Ver., en la Agencia Cuarta del Ministerio Público xalapeño.
3) Este expediente se originó como secuela de la indagación ministerial número 249/2004, por agravios al periodista Serrano y otros difusores veracruzanos —entre éllos este escribidor— por parte del gobierno encabezado por el señor Alemán.
Nótese que tanto en el expediente original —el 249/2004— como en el secuencial —el 177/2006— menciónanse los nombres de varios ex funcionarios y funcionarios de alta jerarquía del gobierno del señor Herrera.
La concatenación discernida de esos hechos conduce a la sospecha fundada de que la muerte de Gibb habría sido ordenada desde el propio gobierno del señor Herrera, por ciertos personeros y por personeros gubernamentales no identificados.
Ello explicaría el silencio cómplice del gobierno en este homicidio, cuya aclaración es una promesa pública del gobernador Herrera. En el decurso de esta administración han ocurrido asesinatos de varios personajes, entre ellos el de Cirilo Vázquez Lagunes.
En los expedientes, desde luego, no se establecen los móviles del asesinato de Gibb, ordenado presuntamente desde el Palacio de Gobierno, pero éstos quedan implícitos ante el silencio gubernamental, indicio sólido de complicidad inferida.
Glosario:
Éter: Esfera aparente que rodea a la Tierra.
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