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por Fausto Fernández Ponte
I
En la entrega de ayer —intitulada Pemex e ISSSTE— decíase aquí que si bien el saqueo es idéntico en lo extenso e intensamente voraz, acusa diferencias de estilo y, diríase también, en cuanto a modalidades.
En el caso de Pemex, el saqueo no es realizado solamente por particulares —mexicanos y extranjeros— y ciertos consorcios trasnacionales de España, Estados Unidos países, sino por el propio Gobierno mexicano en abierta flagrancia de un delito patrimonial.
Y el carácter patrimonial de ese delito se tipifica porque atenta contra bienes de la nación como son los recursos fósiles —hidrocarburos— y, por ende, bienes del pueblo de México y la riqueza o plusvalía creada por el esfuerzo laboral de los mexicanos.
Adviértese, en consecuencia, una apropiación inmoral y de laya criminógena —y probablemente ilegal— de la riqueza natural de la nación y, a la vez, de la riqueza creada por los propios mexicanos al extraer e industrializar los hidrocarburos.
Quienes se apropian sin tapujos ni explicaciones de esas riquezas son los empresarios mexicanos y extranjeros, quienes aducen que el Gobierno no puede, no sabe o no quiere hacerlo, pues carece de la vocación y la voluntad para ello.
El Gobierno, por su parte, se apropia de esa riqueza, no con fines de lucro, sino para financiar sus corruptelas, dilapidaciones y derroches, lo cual es cualitativamente tan grave como la que realizan los empresarios. El Gobierno también depreda. Atrozmente.
¿El Gobierno? Sí, el Gobierno, representado por el titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón quien, es, además, jefe de gobierno. La doble investidura le otorga facultades metaconstitucionales que le dan la vuelta a los preceptos de la Carta Magna.
II
Y es que, hasta donde es sabido, ninguno de los tres poderes del Gobierno ha levantado un dedo para actuar contra ese saqueo, aunque ciertos personeros de aquellas instancias tienen un discurso crítico de ese saqueo. Pero el discurso es sólo retórica hueca.
Y de hecho, la retórica de los personeros de las instancias del Gobierno —acentuadamente, el Poder Legislativo— es un telón de fondo contrastante de la complicidad entre poderes para realizar y consumar este atraco a la nación.
Ello se vio con diáfana nitidez en la aprobación de la llamada Ley Gordillo —la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado— por la cual se legaliza el saqueo, ya ocurrente desde hace varios años, del ISSSTE.
Con la aludida Ley Gordillo —denominada así por ser una legislación hecha a modo de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo y cuya aprobación fue operada por ella—, ciertos grupos de poder y de interés dentro y fuera del Gobierno logran doble meta:
Una, la de someter la forma de organización económica prevaleciente, a los designios filosóficos e imperativos ideológicos del neoliberalismo, cuyas premisas son las de desmantelar el andamio social del Estado y privatizarlo con fines de lucro.
Y, otra, la de beneficiar crematísticamente a los grupos de poder y de interés que, instalados en la estructura conceptual y operativa, estratégica, del Estado usan a éste para sus fines que, en el caso de la Ley Gordillo, son los de concentrar mayor poderío.
Ese poderío es económico y, secuencialmente, político, en una relación simbiótica de fortalecimiento recíproco: el poder económico de los grupos de interés —como el que encabeza la señora Gordillo— refuerza el poder político y viceversa.
III
De esa guisa sofistera, el grupo de de poder y de interés de la señora Gordillo no viola ninguna ley, pues actúa legalmente, con arreglo a los mandatos del ordenamiento que vernacularmente lleva su nombre. Legaliza, pues, la corrupción.
Lo altamente cuestionado —y cuestionable— de esta aberración de legalizar la corrupción y el saqueo de México es el camino seguido por el grupo de poder y de interés de la señora Gordillo: dar un golpe de Estado con un propósito ajeno a los de México.
Ese propósito —no huelga reiterarlo— es el de darle una pátina de legalidad a una institución de antaño cuño y arraigada en la cultura del poder en México: la de la corrupción. Pero doña Elba Esther fue más allá: la hizo legal. La constitucionalizó.
Constitucionalizó, pues, el saqueo de México mediante la desmantelación legal, por mandato legislativo, de las estructuras de solidaridad social del Estado. Ese hecho es descrito por la ciencia política como golpe de Estado o coup d´Etat.
A diferencia del golpe militar —o el levantamiento faccioso—, el de Estado suele ser incruento, pues consiste en el logro de posicionamientos políticos y jurídicos para lograr mayor poder mediante una gama metodológica amplia.
Acerca de este tema tan fascinante, remitimos al caro leyente a los textos de Norberto Bobbio, Rodrigo Borja y otros autores del antaño —Maquiavelo incluido— y el hogaño en materia de ciencia política.
Por ello, la constitucionalización de la corrupción y el saqueo de México por el grupo de poder y de interés de la señora Gordillo, acusa una trascendencia de indubitable enormidad y trascendencia. Ello no ha sido registrado aún a cabalidad por la mayoría.
Glosario:
Cuño: Se aplica al que ha ingresado recientemente en una profesión, gremio o clase social.
Diáfana: Clara, limpia.
Hogaño: en año, en el año presente, en esta época, a diferencia de antaño, en época anterior.
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