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por Fausto Fernández Ponte
I
El asesinato del difusor Amado Ramírez Dillanes, ocurrido hace unos días en Acapulco, trae a un primer plano de atención pública el contexto general dentro del cual se cometió dicho homicidio.
Y, en su turno, ese contexto nos explica por sí mismo —sin ninguna sofistería ni falacia— los móviles socioculturales de este muy lamentable asesinato de una figura pública que emblematizaba, con su oficio difusor, una realidad ominosamente abrumadora.
Y esa realidad es la del fantasma de la ingobernabilidad se ha materializado, aunque antójase obvio que el Estado mexicano y el gobierno que lo representa —el que preside espuriamente Felipe Calderón— aquél espantajo es una realidad insoslayable.
Cierto. El gobierno calderonista no gobierna. Y el Estado no prevalece, mostrando patéticamente su debilidad moral y ética y sus contradicciones jurídicas y cortedades jurisdiccionales y ser un pelele de poderes fácticos como el de Elba Esther Gordillo.
¿Y por qué no gobierna el gobierno que formalmente preside el señor Calderón? La respuesta es evidente: carece de la autoridad moral que deviene de un acervo —o capital— político que, a su vez, deviene de la vigencia de un contrato social.
Dígase en descargo del señor Calderón que la ingobernabilidad le fue heredada por su predecesor en Los Pinos, Vicente Fox, cuya puerilidad infantil y debilidad de carácter marcharon, en ese sexenio, a la par de su registro escapista de la realidad.
Mas el señor Fox —dígase también en su descargo— fue sólo legatario de esa ingobernabilidad que ha venido conformándose desde hace varios sexenios, específicamente desde los de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas.
II
Así, esa ingobernabilidad que hoy exhibe sus babeantes y hediondas y amenazadoras fauces no es un hecho de súbita manufactura, sino lo opuesto, es la consecuencia —largamente anunciada y, ergo, previsible— de una concatenación de vectores y factores.
Así es. Los avisos anticipatorios de esa ingobernabilidad se han sucedido ininterrumpidamente, con arreglo a la dialéctica del continuum de la sociología y al historicismo. Un aviso elocuente es el crecimiento exponencial de ciertos fenómenos.
Algunos de esos fenómenos son:
1) El desarrollo exponencial y crecimiento consecuente de las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, resultado a su vez de la conformación espectacular y creciente de un mercado de consumidores.
2) Ese crecimiento del mercado de consumidores —cuyo grueso está conformado por niños, adolescentes y adultos jóvenes— es la secuela, científicamente discernida, de un sistema de educación pública deficiente en extremo e incertidumbre socioeconómica.
3) La deficiente educación pública —sustentada sobre premisas filosóficas e ideológicas aberrantes: el neoliberalismo económico y la globalización del dominio de los consorcios trasnacionales— produce una enorme inseguridad en la psique societal.
4) Tocante a la incertidumbre socioeconómica, definida por el crecimiento del desempleo y el subempleo y, en general, la economía informal, ha convertido al narcotráfico en el mayor empleador en México, con unos cinco millones de empleados.
5) Ese desenvolvimiento del quehacer delictivo —fuere éste organizado u ocasional o estacional u oportunista— tiene por causales la inestabilidad.
III
Y la inestabilidad deviene al converger los vectores ya identificados —el educativo y el de la incertidumbre socioeconómica— y se erige en poderosa causal principal de la ingobernabilidad. Esta se manifiesta inevitablemente en violencia.
Y la violencia es el común denominador de la ingobernabilidad, fenómeno que, dicho sea a la pasada, enuncia su naturaleza en su propia manifestación general y particular. Las víctimas suelen ser principalmente los actores sociales, como son los difusores.
En ese entorno se insertan los asesinatos, desapariciones o secuestros de 27 difusores en los últimos seis años, y las amenazas y persecución material a muchos otros, entre ellos Martín Serrano, del Diario Tribuna, de Xalapa, Veracruz.
Esa violencia es general en tanto que abarca lo social, así como económica y, ya ni se diga, política, emblematizada esta última en el colosal cúmulo de irregularidades que tipifican delitos de sanción penal del proceso electoral del 2 de julio pasado.
Esas irregularidades no fueron, hágase la salvedad, accidentales, sino premeditadas, conforme a imperativos de la cultura del poder foxista y un patrón de hechura intencionada, cuya definición jurídica y moral es la de un fraude electoral.
Pero el fraude es, desde luego, efecto, no causa. Ese fraude —cualesquiera que sean sus definiciones jurídicas, políticas, morales o éticas— fue el colofón de un golpe de Estado promovido y realizado en etapas por el propio señor Fox.
Ello se ha traducido en una estructura de poder formal carente en lo absoluto de cimentación deontológica y descohesionada y proclive a privilegiar enfoques de la realidad según las premisas de ciertas estrecheces de claro diagnóstico psicosomático.
Para salir del atolladero de la ingobernabilidad se requiere, para empezar, de la voluntad política de transformación estructural y superestructural de México, no únicamente reformas que son, por su misma dialéctica, contrarreformas.
Glosario:
Deontológica: Relativo a deontología, ciencia o tratado de los deberes.
Puerilidad: Cosa de poca entidad o despreciable.
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